Todo lo que debes saber antes de entrar en un procedimiento judicial o si ya estás inmerso en uno.

Caso: César Raúl Casillas Castañeda 

Santiago Salas Ferrari

CAPÍTULO 1. Introducción 

México ocupa el tercer lugar en el mundo en crimen organizado, una realidad que no es una simple casualidad, sino la consecuencia de un sistema profundamente corrupto. Para entender cómo se ha llegado a esta situación, es crucial abordar la idea de que “la justicia” no es más que un arma utilizada por la clase opresora para proteger y perpetuar sus privilegios.

La justicia, tal como está diseñada en México, es una ilusión cuidadosamente construida. En lugar de ser un pilar fundamental para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, la justicia funciona como un mecanismo para proteger los intereses de quienes detentan el poder, dejando a las víctimas en un estado de constante vulnerabilidad. Esta ilusión sirve un propósito claro: mantener las esperanzas de justicia para las víctimas, mientras en realidad se protegen los delitos cometidos por quienes controlan el sistema.

En un mundo capitalista, los sistemas de justicia se moldean para salvaguardar los medios de producción. En países como México, sin embargo, esos medios de producción no solo están relacionados con la economía formal, sino que muchos de ellos provienen de actos delictivos. El crimen organizado no es solo un fenómeno paralelo al Estado; está entrelazado con él. Los medios de producción en México incluyen actividades tan atroces como:

• Trata de personas, donde seres humanos son convertidos en mercancía.
• Venta de órganos, un mercado negro que utiliza la vida y la muerte como simple transacción.
• Prostitución infantil, una de las formas más perversas de explotación que enriquece a poderosos sin rostro.
• Narcotráfico, que no solo alimenta una economía clandestina, sino que penetra las instituciones estatales y judiciales.

Este entramado delictivo, que debilita las estructuras del Estado mexicano, está protegido por una justicia que sirve a los poderosos y no a las víctimas. Cuando las personas afectadas por estos crímenes intentan buscar reparación o castigo para los culpables, se enfrentan a un sistema que no solo es ineficiente, sino que está diseñado para frustrar sus intentos. El sistema judicial mexicano es parte integral de la maquinaria que perpetúa el crimen organizado y garantiza la impunidad de quienes están en las cúpulas del poder.

Así, la justicia en México no es más que un invento que da una falsa esperanza a las víctimas, manteniéndolas atrapadas en un ciclo de desesperanza, mientras los verdaderos responsables de los crímenes son protegidos. Este fenómeno no es exclusivo de México, pero en el contexto mexicano, se ha refinado hasta convertirse en una herramienta que garantiza la supervivencia del crimen organizado, en un país donde los actos delictivos son una fuente de riqueza y control.

En este libro, vamos a analizar el caso de César Raúl Casillas Castañeda, un familiar que robó los ahorros de vida de mi madre. Estos ahorros, destinados a su jubilación, fueron arrebatados por una cabal criminal que opera bajo la protección del sistema judicial corrupto.

Este caso se enmarca en el contexto de la tragedia que vivimos cuando un grupo criminal asesinó a mi padre con el objetivo de apoderarse de la Universidad Abierta, utilizando esta institución para lavar dinero. Estos actos ilegales fueron protegidos por el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, como lo detalló el Ministro Arturo Zaldívar en su análisis del caso. Aquí, se demuestra cómo el crimen organizado, una vez que elige a su víctima, reúne a todos los cómplices posibles para atacarla de forma sistemática y con total impunidad.

Así fue cómo, tras el asesinato de mi padre y bajo los constantes ataques del crimen organizado, César Casillas se unió a estos canallas y presentó una demanda contra mi madre. En México, el sistema judicial está diseñado de tal manera que si no contestas una demanda en 9 días, todas las mentiras que se expongan en dicha demanda se toman como ciertas, y habrás perdido el caso sin siquiera haber sido escuchado.

Pero, ¿Por qué César Casillas decidió unirse a estos criminales? La respuesta está en un turbio negocio. César le vendió a mi madre unos locales comerciales que, en realidad, no podía vender. Los locales no sólo no estaban divididos, sino que además estaban hipotecados. Cuando mi madre, con los ahorros de toda su vida, finalmente terminó de pagar los locales, César le dijo que no podía entregárselos porque estaban bajo una hipoteca. No satisfecho con eso, después del asesinato de mi padre, este canalla presentó una demanda contra mi madre, alegando que ella debía pagarle más dinero. Manipulo un contrato, donde afirmaba que mi madre se comprometía a pagar toda su hipoteca.

Este comportamiento muestra cómo los criminales, al contar con la protección del sistema judicial, cometen sus actos con tanta arrogancia que ni siquiera se preocupan por hacer bien sus falsificaciones. Pero fue precisamente en sus propios errores donde encontramos la clave para demostrar que, en realidad, él le debía dinero a mi madre. Así, utilizamos el sistema judicial contra ellos, exponiendo sus inconsistencias y errores para enfrentar su corrupción.

En este libro, vamos a demostrarte cómo la justicia en México no es más que una ilusión, una herramienta creada y utilizada por el crimen organizado para mantener su dominio sobre la población. Lo que debería ser un sistema para proteger al pueblo ha sido secuestrado, y ahora es utilizado como un arma contra aquellos que buscan justicia de verdad.

Es hora de que el pueblo mexicano reconozca esta realidad y tome el compromiso firme de revolucionar la justicia. No se trata de una lucha violenta, sino de una transformación pacífica que devuelva el control de la justicia a las manos de los ciudadanos. Debemos reclamar lo que nos pertenece: un sistema que proteja a las víctimas, que combata la corrupción y que sirva al bienestar de todos, no solo a los intereses de unos pocos.

El objetivo de esta serie de libros que vamos a lanzar es simple, pero ambicioso: transformar a México. Hoy somos el tercer país con mayor crimen organizado en el mundo, pero si trabajamos juntos, si nos unimos en esta causa, podemos transformar a México en el tercer país con menor crimen organizado.

Para lograr este cambio monumental, necesitamos compromiso. Un compromiso con la verdad, con la transparencia y con la justicia real. Este libro, y los que seguirán, no solo expondrán los casos de injusticia y corrupción, sino que también ofrecerán una hoja de ruta para que el pueblo mexicano tome el control de su destino. Solo así podremos construir un país más pleno y justo para todos.

¡A revolucionar la justicia!

CAPÍTULO 2. El principio es el fin, el fin el principio

En la vida, como en todo lo que conocemos, todo inicio tiene un final, y todo final da lugar a un nuevo inicio. Esta es una verdad inmutable de nuestro mundo. Aunque en ciertos aspectos cósmicos, como el origen del Universo, las explicaciones se nos escapan —no sabemos si la materia y la energía siempre existieron, o si todo fue creado de la nada—, en lo que respecta a lo terrenal y mundano, los principios y finales están intrínsecamente conectados. Es decir, el principio es el fin, y el fin es el principio.

Cuando hablamos de los delitos que suceden en México, estos también siguen ese ciclo. La mayoría de los crímenes que se cometen en nuestro territorio están basados en un principio claro: los criminales actúan seguros, confiados en que los jueces, magistrados, ministros y la Fiscalía están de su lado. Estos protectores del crimen garantizan que los delincuentes no enfrenten las consecuencias de sus actos, y así se perpetúa el ciclo de la impunidad. Si estos actores no protegieran a los criminales, México no tendría niveles tan altos de criminalidad.

Tomemos como ejemplo el caso de César Casillas. César, en un mundo justo, debería estar en la cárcel por sus actos fraudulentos y por robar el dinero de jubilación de mi madre. Sin embargo, sigue libre, caminando impunemente y estafando a más personas. ¿Por qué? Porque los jueces y la Fiscalía lo protegen. Esto muestra cómo el sistema judicial en México no está diseñado para castigar a los verdaderos culpables, sino para protegerlos.

El principio de los delitos en México es claro: el Estado utiliza la justicia como un arma para proteger a los criminales y oprimir al pueblo. Pero así como todo principio tiene un final, este sistema también tiene su fin. Y ese final vendrá cuando los ciudadanos decidan tomar esa misma justicia y convertirla en su propia arma. El ciclo debe cerrarse, y el pueblo mexicano tiene la responsabilidad de revolucionar el sistema para poner la justicia en manos de quienes realmente la necesitan.

Cuando el pueblo decida actuar y utilizar la justicia para protegerse, el ciclo cambiará. El fin de la impunidad será el principio de un México justo, donde los criminales no podrán seguir actuando con total libertad y donde el sistema judicial no será más un arma de opresión, sino un instrumento de verdadera justicia.

La relación entre el principio y el fin no es solo una coincidencia, sino una constante que observamos en muchos aspectos de la vida, la naturaleza y el pensamiento humano. Esta conexión ha sido explorada por diversas filosofías y teorías que nos ayudan a entender cómo todo fin lleva consigo un nuevo principio, y cómo todo principio inevitablemente nos conduce a su fin.

Uno de los ejemplos más poderosos de esta idea se encuentra en el Eterno Retorno de Friedrich Nietzsche. Según esta filosofía, todo lo que ocurre, volverá a ocurrir de nuevo, una y otra vez, en un ciclo eterno. Nietzsche propone que la vida misma es una serie de repeticiones cíclicas, donde los eventos no son lineales, sino que se reciclan, llevando siempre de un principio a un fin, y de un fin a un nuevo principio. Esto aplica también a los sistemas sociales y a la justicia: el sistema corrupto que protege a los criminales hoy, eventualmente colapsará y dará lugar a un nuevo ciclo de justicia, si el pueblo lo exige.

Este concepto también se refleja en la ciencia. La Ley de la Conservación de la Energía, una de las leyes fundamentales de la física, establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Cuando una forma de energía llega a su fin, se convierte en otra cosa. En este sentido, el fin de un estado no es más que el principio de otro. Aplicando esta idea al sistema judicial en México, el fin de la impunidad será el inicio de un sistema en el que los criminales no puedan ocultarse tras el poder judicial corrupto.

Los ciclos de la naturaleza también nos enseñan esta misma lección. En la vida diaria, podemos observar cómo la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas. Una semilla muere para dar vida a una planta, y cuando esa planta llega al fin de su ciclo, nutre el suelo para que nuevas plantas puedan crecer. La vida es un ciclo continuo de principios y finales que no pueden existir uno sin el otro. De igual manera, el sistema de justicia corrupto en México está en su ciclo final, y de sus cenizas puede nacer uno más justo, si actuamos para construirlo.

Además, en la cosmología mesoamericana, como en el Calendario Azteca, se refleja este mismo principio cíclico. Las eras o soles en la mitología azteca nacen, viven y mueren para dar paso a nuevas eras. Los dioses mesoamericanos, conscientes de la importancia de este ciclo, se sacrificaban para dar inicio a nuevas eras. De forma similar, el fin del sistema judicial actual en México será el sacrificio necesario para que un nuevo ciclo de justicia emerja, uno donde los ciudadanos tomen el control.

En resumen, la conexión entre el principio y el fin está profundamente arraigada en nuestra comprensión de la vida, la naturaleza y los sistemas sociales. El fin del sistema judicial corrupto en México marcará el principio de una nueva era de justicia, una era que debe ser forjada por los ciudadanos. El principio es el fin, y el fin es el principio; esta es la lección que debemos aprender para entender que el cambio es inevitable, y que nosotros podemos decidir qué nuevo principio queremos crear.

Lo que sucede en el colectivo, a gran escala, también ocurre en el nivel individual. El principio de muchas estafas o delitos tiene un origen en algo que, en esencia, no está mal: la confianza. Y quiero ser claro aquí: no estoy responsabilizando a las víctimas. Decir esto es complejo y, en cierto sentido, difícil de aceptar, porque vivimos en un sistema altamente jodido donde el capitalismo mexicano ha permitido que muchos medios de producción provengan del crimen organizado. No está bien, ni es justo, pero es la realidad. La confianza es algo que, bajo circunstancias normales, debería ser parte de nuestras relaciones humanas. Sin embargo, en este contexto, se ha convertido en el principio de muchos delitos.

En mi caso, mi madre confió en César Casillas, un familiar cercano, y él se aprovechó de esa confianza. El sistema nos ha vendido la idea de que la familia es lo más importante, y en muchos casos eso es cierto. Pero el capitalismo tardío también ha corrompido estos lazos, y hay quienes no dudarán en traicionar esos vínculos por ambición.

El principio de esta estafa comenzó cuando César nos ofreció unos locales para que los compráramos. Según él, estaba trabajando y no tenía tiempo para supervisar los locales, así que nos hacía un favor al ofrecernos la venta a un precio accesible. Mi madre y yo analizamos la propuesta y cometimos el error de confiar en esta persona, un error basado en la confianza que, por naturaleza, debería existir dentro de la familia. Cada vez que veíamos a César, le pedíamos que firmáramos el contrato, y siempre tenía excusas, hasta que un día llegó con prisas y nos presentó el contrato para firmar.

Aquí cometimos otro error, uno que muchos suelen cometer: mi madre firmó las copias del contrato que eran diferentes a las que leyó. Es decir, César le había dado a leer un contrato, mi madre lo revisó, y luego le entregó las copias para que solo las firmara, pero estas contenían una pequeña modificación.

Este incidente nos deja una lección importante, algo que todos deberíamos aprender: cuando firmamos un contrato, debemos asegurarnos de firmar cada página, especialmente en la parte inferior, justo después de la última palabra, y también debemos tachar cualquier espacio vacío. Además, es crucial leer todas las páginas, sin importar si parecen iguales, ya que dos palabras distintas pueden cambiarlo todo. Esto previene que personas como César modifiquen el contrato una vez firmado y nos protege de futuros fraudes. La confianza es fundamental, pero en un sistema como el nuestro, debemos respaldarnos con las herramientas legales disponibles, porque, en muchos casos, aquellos en quienes confiamos son los primeros en traicionarnos.

Así como el inicio es el fin y el fin es el inicio, en este caso, la confianza fue el punto culminante. Pero en vez de confiar en la justicia, decidimos no confiar en absoluto. En una guerra, hay que ser estrategas, y al enfrentar al sistema judicial mexicano, hay que actuar como estrategas romanos de guerra. Entendimos desde el principio que el sistema de justicia es un arma, y sabíamos que NUNCA podíamos confiar en que los jueces actuarían de manera mínimamente correcta. Por eso, trazamos una estrategia para llegar al punto en el que estamos hoy.

La realidad es que en México no existe la justicia. Así que, en lugar de buscar justicia, nos dedicamos a desafiar a los jueces a cometer múltiples crímenes al proteger a César Casillas. De este modo, hoy tenemos pruebas suficientes para demostrar que la justicia no es más que una ilusión.

Si estás combatiendo contra un enemigo que controla todas las armas, no puedes ganar enfrentándolo directamente. No tiene sentido luchar abiertamente, porque los juicios solo sirven para desgastar tus recursos y energía. Nuestra estrategia fue simple: presionar a los jueces lo suficiente como para que cometieran múltiples y descarados delitos en su protección a Casillas. Esto nos permitió documentar cada uno de sus errores.

El objetivo final de esta guerra contra Casillas es este libro. No es solo un relato del caso, es una documentación de una estrategia y una invitación a revolucionar la justicia. Esta serie de libros no está dirigida a quienes buscan vencer al sistema judicial corrupto, sino a quienes necesitan proteger su integridad al enfrentarlo. Queremos que las personas que inicien un procedimiento legal entiendan que esta es una guerra, y que sepan qué es lo que les espera para que puedan desarrollar sus propias estrategias. No se trata de ganar contra el sistema, porque ellos tienen todas las armas y los ciudadanos no tienen nada, pero sí puedes proteger tu integridad y desenmascarar sus crímenes.

A partir de hoy, no debes confiar en los sistemas judiciales mexicanos. Este libro está escrito antes de la implementación de la Reforma Judicial, y aunque podría haber esperanzas de cambio, mi lógica me dice que todo será igual. Quizá impartan justicia correctamente por uno o dos años, pero luego volverán a las mismas prácticas corruptas. La razón es simple: la justicia no necesita una reforma, necesita una revolución.

Y es aquí donde te invito, lector, a recuperar la paz y la integridad de nuestra nación, a unirte a este llamado para revolucionar la justicia. No podemos esperar cambios verdaderos sin una transformación radical del sistema. Este es el inicio, y el fin, de lo que debe ser una nueva era para México.

A lo largo de la historia, hemos visto cómo los poderes establecidos buscan preservar su control mediante reformas. Estas reformas suelen presentarse como soluciones a problemas estructurales, pero en la mayoría de los casos, no son más que un cambio superficial. Los actores principales del poder permanecen intactos, mientras que lo único que cambia es la forma en que ese poder se distribuye entre los mismos grupos que ya lo controlan.

Las teorías de la sociología y la historia política nos enseñan que las reformas, por su propia naturaleza, no transforman el sistema en su núcleo. En lugar de abordar las raíces de los problemas, las reformas tienden a legitimar el poder existente al hacer pequeños ajustes que apaciguan las críticas sin cuestionar la estructura fundamental. Esto nos lleva a la conclusión de que una reforma nunca será suficiente para provocar un cambio significativo.

El teórico marxista Antonio Gramsci explicó que el poder no reside sólo en las instituciones políticas y económicas, sino también en la hegemonía cultural que sostiene el sistema. Las reformas únicamente modifican la apariencia de esta hegemonía, sin alterar su esencia. Es decir, las reformas cambian las caras, pero no las estructuras. En un sistema como el mexicano, donde la justicia está en manos del crimen organizado y sus cómplices en el poder, una reforma no será más que un cambio de roles entre los opresores.

Si queremos un cambio verdadero, debemos ir más allá de las reformas. Esto no significa que debamos caer en la violencia, pues ya hemos visto cómo las revoluciones violentas simplemente reemplazan un sistema violento con otro. La violencia engendra más violencia, y lo que empieza con fuerza bruta y derramamiento de sangre terminará perpetuando el mismo ciclo destructivo. Aquí volvemos al principio de que el inicio es el fin, y el fin es el inicio: cualquier revolución que se base en la violencia sólo traerá consigo otro sistema que perpetúe la misma opresión.

En lugar de una revolución violenta, necesitamos una revolución pacífica, una que rompa con los ciclos de opresión y abra el camino hacia una justicia verdaderamente equitativa. La filosofía del no-violencia propuesta por Mahatma Gandhi y adoptada por muchos otros líderes a lo largo de la historia nos muestra que el poder de la gente no reside en la violencia, sino en su capacidad para transformar conscientemente el sistema desde abajo. Una revolución pacífica no busca solo derribar a los opresores, sino cambiar el tejido mismo de la sociedad para que no haya necesidad de opresión.

Cuando hablamos de revolucionar la justicia en México, lo que proponemos es un cambio de conciencia. La justicia no puede seguir siendo un arma de los poderosos; debe convertirse en una herramienta de protección y equidad para el pueblo. Pero este cambio sólo puede lograrse si el sistema judicial actual colapsa y es reemplazado por una estructura que no dependa de la violencia ni de la corrupción.

Las reformas judiciales, como las que hemos visto y como las que seguramente vendrán, no generarán el cambio que México necesita. Solo una revolución pacífica puede lograrlo, una revolución que venga de la conciencia colectiva del pueblo mexicano, de la capacidad de organizarse, de exigir transparencia y de rechazar las formas tradicionales de opresión. Este cambio no será inmediato, y no será fácil, pero es el único camino hacia una verdadera justicia.

Debemos romper el ciclo de la violencia, porque si la revolución se basa en la fuerza, solo daremos lugar a un nuevo ciclo de represión. La verdadera revolución es la que transforma las estructuras desde sus raíces, sin derramar sangre, porque el fin de la violencia debe ser también su inicio.

Así que, querido lector, no esperes justicia de las reformas. Recuerda que el inicio de muchas opresiones proviene de algo muy simple: le damos nuestra confianza a nuestros opresores, y ellos la usan para dañarnos. No confíes ni entregues tu confianza a ninguna persona ni institución sin discernimiento. En este camino de lucha, debes recordar una verdad fundamental: primero estás tú. Si tú no estás bien, no podrás ayudar a los demás.

Este es un principio clave para cualquier revolución: la integridad y el amor propio son las primeras armas que necesitamos para luchar. No podemos cambiar el mundo si no tenemos lo básico para sobrevivir. No podemos luchar si no tenemos comida, si no estamos físicamente seguros en nuestras relaciones personales, si estamos agotados de trabajar interminables horas diarias, o si estamos enfermos. El cuidado de uno mismo es el primer paso para poder luchar por algo más grande. Solo cuando nuestra integridad está asegurada, podemos unirnos para luchar colectivamente.

Cuando pienso en lo que sucedió entre mi madre y yo, sé que si no hubiéramos confiado en César Casillas, hoy estaríamos en una posición mejor. Debimos ser más cuidadosos, debimos haber actuado con un poco más de egoísmo, entendiendo que protegernos a nosotros mismos es la base para proteger a los demás. Nos enseñan que la confianza es esencial en las relaciones, especialmente en la familia, pero esta confianza ciega nos costó muy caro.

En un sistema corrupto, confiar sin cuestionar es una trampa. No es ser egoísta el cuidarte primero, es una necesidad si lo que buscas es cambiar el mundo. No podemos luchar si estamos debilitados o si no hemos cubierto nuestras necesidades más fundamentales. Así que, en este llamado a la revolución, el primer paso es asegurarnos de que estemos bien individualmente, porque solo entonces podremos apoyarnos mutuamente para construir una sociedad más justa.

Sin confiar plenamente en ninguna institución ni persona, mantén siempre la vigilancia y protege tu camino con cautela y discernimiento.

CAPÍTULO 3. Los errores

En este capítulo, vamos a analizar los errores que cometimos, las confianzas mal otorgadas que nos llevaron a situaciones que nunca debieron haber ocurrido. Este no es un ejercicio de culpabilidad personal, sino una reflexión sobre cómo las decisiones basadas en la confianza equivocada pueden conducir a traiciones profundas. Es importante entender estos errores para que otros no caigan en las mismas trampas.

El caso de César Casillas comenzó en el año 2010. Todo partió de un acto de confianza que nunca debió haber ocurrido. En ese entonces, confié en mi hermana, Rita Salinas Ferrari, quien me habló maravillas de César Casillas, el hermano de su difunto esposo. Me estaba preparando para asistir a un concurso de emprendimiento en Brasil, y mi hermana no perdió la oportunidad de recomendarme a César. Según ella, era un genio para los negocios.

Rita me pintó a César como alguien altamente capacitado, que había trabajado con gente importante, egresado del IPADE y con una larga trayectoria en el mundo empresarial. En ese momento, yo tenía apenas 20 años. La juventud, como dicen, está llena de pendejes. Uno tiende a confiar en quienes están cerca, especialmente en los familiares. Confié en lo que me decía mi hermana y, sin pensarlo demasiado, le otorgué mi confianza a Casillas.

Lo que no sabía entonces era que César Casillas no era un genio para los negocios. Era, en realidad, un genio para el fraude. Solo veía en mí a un joven emprendedor de 20 años que estaba partiéndose el alma por sacar adelante su proyecto, TriFerrari, un emprendimiento con posibilidades de crecimiento. Y eso era exactamente lo que él buscaba: una oportunidad para estafarme.

Cuando uno es joven, no tiene la experiencia ni el “callo” necesario para darse cuenta de lo cruel que puede ser el mundo. A esa edad, tenemos grandes ideales, sueños por cumplir, y muchas veces, no vemos las sombras que se esconden detrás de las personas en quienes confiamos.

César Casillas, fiel a su estilo de manipulación y fraude, se tomó su tiempo. No era un oportunista común; sabía cómo jugar sus cartas con paciencia. Esperó un año entero fingiendo ser una persona decente y confiable. Durante ese tiempo, se presentó como alguien que estaba de nuestro lado, alguien en quien podíamos confiar. No había señales inmediatas de alarma. Para finales de 2011, comenzó a preparar el terreno para lo que sería su gran movida.

Un día, Casillas nos comentó a mi madre y a mí que su situación laboral estaba complicándose y que ya no podía estar al pendiente de los locales comerciales que tenía. Nos habló de cómo estos locales serían una gran oportunidad para nosotros, especialmente para TriFerrari, que ya comenzaba a tomar forma. Nos dijo que podríamos poner una oficina ahí, y que nos los dejaría a un precio accesible. Además, propuso que le fuéramos pagando poco a poco, lo que, en ese momento, sonaba como una oferta perfecta.

Mi madre y yo, confiados en las opiniones de mi hermana y en la excelente actuación que Casillas había mantenido por más de un año, decidimos comprar los locales. Mi madre iba a poner los ahorros de su vida, su dinero de jubilación, y cada mes le pagaríamos una parte con lo que fuera generando TriFerrari, y ella aportaría un poco más. La idea era que, una vez jubilada, pudiera rentar los locales y vivir de esos ingresos. Todo parecía un plan ideal, y no había razón aparente para dudar de César.

Llenos de ingenuidad, le entregamos nuestro dinero a Casillas, sin saber en lo que nos estábamos metiendo. Mes tras mes, le pedíamos que firmara el contrato, el mismo que ya había aceptado verbalmente. Sin embargo, siempre había excusas, siempre había algo que retrasaba la firma. Hasta que, un día, llegó de prisa con el contrato que tanto habíamos esperado. Le dio a mi madre una versión para que la leyera rápidamente, y luego le entregó copias para que las firmara.

Lo que no sabíamos en ese momento era que las copias del contrato que entregó estaban alteradas. Las copias eran diferentes al contrato original que nos había presentado. Solo había un pequeño detalle que cambiaba todo: el contrato ahora decía que los locales estaban hipotecados. Mi madre, confiada y sin pensar que alguien pudiera traicionarla de esta manera, firmó esas copias sin detenerse a revisar las diferencias.

Siguiendo con nuestra irreal confianza, aún creíamos que las inconsistencias en los contratos y los problemas que surgían eran simplemente errores atribuibles a las muchas ocupaciones de César. Pensábamos que, quizás, estaba abrumado con su trabajo y que la firma tardía del contrato era solo un malentendido. En nuestra ingenuidad, asumimos que mi hermana —quien era familia directa— debería habernos advertido de algo, de cualquier señal de alarma, ya que César no era más que su cuñado. Si había algo que no estaba bien, era lógico pensar que ella lo sabría y nos lo diría. Pero ese aviso nunca llegó.

A principios de 2016, ya habíamos reunido todo el dinero necesario para finiquitar la compra de los locales. Mi madre y yo comenzamos a pedirle a César que fuéramos al notario para finalizar el proceso legal y que nos entregaran las escrituras correspondientes. Llevábamos años pagando puntualmente y demas, y ya era hora de formalizar la compra.

En febrero de 2016, César finalmente nos dio una sorpresa desagradable. Nos dijo que no podíamos escriturar los locales porque había una hipoteca sobre el terreno. No solo eso, sino que además, ni siquiera el terreno estaba dividido legalmente. Esto significaba que, ante la ley, los locales no existían formalmente como entidades separadas. Todo lo que habíamos pagado hasta ese momento estaba basado en una mentira. No había manera de que César nos entregara legalmente los locales, aunque ya hubiéramos pagado el precio completo.

En ese momento, la frustración y el enojo se hicieron presentes. Mi madre y yo le dijimos claramente que, si no podía darnos las escrituras de los locales, nos devolviera el dinero. Sin embargo, César se negó profundamente. Nos dejó claro que no nos devolvería nada. Todo lo que habíamos invertido, todos los años de esfuerzo y de confianza ciega en él, se desvanecieron en un solo instante. Habíamos sido víctimas de un fraude cuidadosamente orquestado por alguien que había usado nuestras emociones y nuestra confianza familiar para beneficiarse personalmente.

Este es un entramado mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Aunque en este capítulo estamos concentrándonos en el caso de César Casillas, hay otros actores y eventos que se entrelazan en esta historia. Por ese otro lado, está el caso de mi padre y la Universidad Abierta.

Mi padre había fundado la Universidad Abierta en 1994, una institución pionera, siendo la primera universidad 100% abierta y en línea en México. Su propósito era brindar oportunidades educativas a personas que no podían asistir físicamente a una universidad. Estaba pensada para ayudar a comunidades rurales y lejanas, a personas con discapacidades físicas (problemas motrices que les dificultaban el movimiento) y a aquellos que se encontraban en situaciones extremas, como personas privadas de la libertad en prisiones. La Universidad Abierta fue una innovación en la educación superior, abriendo las puertas del conocimiento a aquellos a quienes el sistema tradicional les cerraba el paso.

Sin embargo, aquí entra nuestro segundo error de confianza. Mi madre y yo confiamos en mi tía, Florentina Ferrari, quien nos presentó a una abogada llamada Rita Fortuna Tobías. Según mi tía, Fortuna era una abogada excelente, muy preparada, y era la representante legal de Jalil Chalita, esposo de Floren, un empresario influyente y exitoso. Mi razonamiento era simple: si alguien como Jalil había confiado en ella, entonces debía ser buena y confiable. Y así, sin sospechar nada, decidimos confiar en la recomendación de mi tía y pusimos en manos de Fortuna asuntos legales cruciales.

Lo que no sabíamos en ese momento era que Fortuna no era la abogada de confianza que aparentaba ser. Detrás de su máscara profesional, estaba colaborando con un grupo criminal que tenía un plan muy bien orquestado para apoderarse de la Universidad Abierta. Este grupo criminal estaba buscando convertir la universidad en una herramienta para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Fortuna era simplemente un peón en ese juego, trabajando para estos criminales mientras nos hacía creer que estaba de nuestro lado.

En ese momento, el crimen organizado, en colusión con el Estado Mexicano, comenzó a planificar una gran estrategia para apoderarse de la Universidad Abierta. Sabían que como hijo del rector y fundador, yo representaba un peligro directo para su macabro plan de utilizar la universidad como un medio para lavar dinero. Desde entonces, hemos documentado el modus operandi de estos grupos criminales, acumulando más de 1,600 pruebas que detallan cómo operan, y hemos descubierto que su arma más poderosa es el mismo Estado. El Estado Mexicano, en lugar de proteger a las víctimas, se convierte en cómplice y usa su poder en contra de aquellos que buscan justicia.

Esto es lo que se conoce como guerra judicial.

La guerra judicial es una estrategia sistemática en la que el sistema judicial se convierte en un instrumento de opresión utilizado por el Estado y el crimen organizado para aislar, desmoralizar y destruir a las víctimas. No se trata de un ataque frontal o visible como la violencia física directa, sino de una forma de violencia institucional que opera dentro de los márgenes legales y jurídicos, pero con el objetivo claro de silenciar y despojar a aquellos que representan una amenaza para los intereses del poder.

En la guerra judicial, los actores corruptos dentro del sistema se aseguran de controlar los tribunales, los jueces y los fiscales, manipulando los procesos legales para que favorezcan a los criminales y opresores. Esta estrategia incluye varios elementos:

1. Fabricación de cargos: Las víctimas, que muchas veces son inocentes o defensoras de causas justas, son acusadas de delitos falsos. Estos cargos fabricados permiten al sistema judicial mantener a las víctimas ocupadas en juicios interminables y costosos.
2. Aislamiento social y financiero: En muchos casos, la primera táctica de esta guerra es aislar a las víctimas. Se asegura que pierdan el apoyo de su familia, amigos y círculos sociales, haciendo que enfrenten solos la batalla judicial. A nivel financiero, se busca que agoten todos sus recursos en estos procesos largos y agotadores.
3. Manipulación de pruebas: El sistema judicial corrupto destruye, oculta o fabrica pruebas para garantizar que los procesos legales sean injustos. Esto asegura que las víctimas no puedan defenderse adecuadamente.
4. Retrasos judiciales intencionados: Las dilaciones en los procesos son parte del plan, manteniendo los juicios abiertos durante años sin resolución, lo que desgasta emocional y económicamente a las víctimas.
5. Uso de intimidación y violencia: Aunque la guerra judicial se presenta como un proceso “legal”, muchas veces está acompañada de amenazas, intimidación o violencia física contra las víctimas y sus seres queridos, para forzar concesiones o fomentar el miedo.

El objetivo final de esta guerra es destruir a las víctimas en todos los sentidos: emocional, económico y social, de modo que renuncien a su lucha o pierdan completamente su capacidad de oponerse al poder.

El primer paso de esta guerra judicial es dejar a las víctimas totalmente aisladas. Aislarlas significa que, cuando se encuentren bajo ataque, no tengan a nadie a quien recurrir. Y aquí es donde César Casillas y Rita Fortuna jugaron un papel clave. Casillas, quien ya había ganado nuestra confianza para su propio beneficio, y Fortuna, al servicio del crimen organizado, se unieron en una táctica común: romper nuestra red de apoyo.

Sabían que aislándonos emocional y socialmente, su plan tendría más posibilidades de éxito. De esta forma, la traición de Casillas no fue un acto individual, sino una pieza en el engranaje de una estrategia mucho más amplia para debilitarnos y preparar el terreno para el siguiente ataque, donde buscaban apoderarse de la Universidad Abierta. 

Así que, Rita Fortuna, quien ya había ganado la confianza de mi madre, la convenció de interponer una querella por abuso de confianza y fraude en contra de César Casillas. Esto ocurrió justo unos días después de que César se negara a iniciar el proceso de escrituración de los locales. En ese momento, parecía ser la respuesta lógica a la negativa de Casillas, pero con el tiempo, las cosas se volvieron mucho más claras: todo esto era parte de un plan mayor.

Lo que no sabíamos en ese momento era que este grupo criminal, que ya operaba desde las sombras, estaba utilizando a César Casillas como una pieza clave en su estrategia para debilitarnos económicamente y aislarnos emocionalmente. Esta situación no era un simple conflicto familiar, sino parte de una carpeta criminal en la que tanto Fortuna como Casillas jugaban sus roles para manipularnos y preparar el terreno para un ataque mucho más devastador: el ataque final en mayo de 2017.

La denuncia que firmó mi madre, en la que acusaba a Casillas de fraude y abuso de confianza, parecía ser el paso correcto para recuperar nuestro dinero. Sabíamos que César había cometido esos delitos, y esperábamos que el sistema judicial actuara en consecuencia. Sin embargo, lo que no sabíamos era que esta denuncia penal estaba siendo manipulada desde adentro. Desde el principio, la carpeta de investigación fue manejada de forma maliciosa y con un propósito claro: mantenernos en la oscuridad y desgastarnos lentamente.

Conforme pasaban los meses, el proceso avanzaba sin que nos informaran de nada. No recibíamos ninguna notificación oficial por parte de las autoridades, ni sobre el estado de la investigación ni sobre los avances del caso. Mientras tanto, Rita Fortuna continuaba tranquilizando a mi madre y asegurándole que todo iba bien. Nos decía que César estaba a punto de devolver el dinero, y siempre que la presionábamos por más información, nos mostraba documentos que indicaban que el caso estaba avanzando favorablemente. Sin embargo, nunca nos entregaba ninguna copia oficial de esos documentos.

Finalmente, fue en marzo de 2017, cuando la presión que ejercíamos sobre Fortuna ya era insostenible, que nos mostró una resolución penal. En ese documento, se declaraba culpable a César Casillas por el delito de fraude. Por fin se hacía justicia y este criminal tenía que estar en el lugar que pertenece, la cárcel. 

No todo es lo que aparenta. La resolución que nos mostraron en marzo de 2017 tenía sellos originales del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, lo que nos hizo confiar plenamente en su autenticidad. Pensábamos que habíamos obtenido justicia, pero este fue otro gran error. La realidad era mucho más oscura: el Poder Judicial había falsificado la sentencia en contra de César Casillas. No era una sentencia real, solo una farsa creada para engañarnos y mantenernos atrapados en su juego.

Cuando descubrimos la falsificación y confrontamos al Poder Judicial, su respuesta fue tan absurda como indignante: “Como no sabían que la sentencia era falsa, no podían hacer nada”. En otras palabras, el mismo Poder Judicial estaba validando la fabricación de sentencias falsas, sin que hubiera consecuencia alguna para los criminales que las habían creado. Este es el modus operandi del Poder Judicial en México: fabrican documentos legales falsos para engañar a las víctimas, creando la ilusión de que han ganado, mientras en realidad los procesos siguen avanzando en su contra.

Mientras las víctimas están confiadas, creyendo que han logrado justicia, el crimen organizado y las autoridades corruptas continúan avanzando sus planes en la sombra. Y cuando las víctimas finalmente descubren lo que está ocurriendo, ya es demasiado tarde. Aquí es donde entra el concepto del “Consentimiento Tácito”. Este mecanismo permite que, si la víctima no responde a los procedimientos legales en un plazo determinado, el sistema asume que da su consentimiento a todo lo que ha sucedido, incluso a los delitos cometidos en su contra por el crimen organizado.

Es una estrategia perfecta, orquestada por la Fiscalía, el Poder Judicial, y el crimen organizado. El Poder Judicial falsifica sentencias y la Fiscalía maneja los casos sin notificar a las víctimas, lo que hace que éstas pierdan automáticamente cuando se les da por vencidas sin saberlo. En muchos casos, las víctimas ni siquiera saben que se ha tomado una decisión en su contra, porque nunca fueron notificadas correctamente. Cuando se enteran, el daño ya está hecho: han perdido todo sin la posibilidad de que el caso sea revisado nuevamente, porque dieron su “consentimiento” por no impugnar las actuaciones que nunca supieron que existían.

El sistema está diseñado para proteger a los criminales. Rita Fortuna, claramente involucrada en estos delitos, no fue una excepción. Cuando interpusimos una querella penal contra Fortuna, la Fiscalía se encargó de paralizar la investigación. A pesar de las evidencias y los delitos evidentes, no se tomó ninguna acción. Este patrón se repite una y otra vez: los criminales como Fortuna y Casillas siguen libres, cometiendo más delitos, mientras el Estado Mexicano asegura su impunidad.

Esto es lo que ha convertido a México en el tercer país con mayor crimen organizado en el mundo. No es solo el crimen organizado el que ha crecido, sino la colusión entre el Estado y el crimen. La Fiscalía, el Poder Judicial, y los criminales trabajan juntos para despojar a las víctimas de cualquier oportunidad de justicia, utilizando el sistema legal como un arma de opresión.

Después de tener conocimiento que la sentencia era falsa, decidimos ir a revisar el expediente criminal relacionado con el caso de César Casillas, y lo que encontramos fue una sarta de sorpresas. El Ministerio Público, bajo la dirección de Jesús Ramiro Juárez Miranda, había integrado una acusación falsa en el expediente. Según su versión, yo había interpuesto una querella contra Casillas por el delito de amenaza de muerte.

Este hecho es absurdo y ridículo. La denuncia original era muy clara: la víctima era mi madre, Rita Ferrari, y los delitos bajo investigación eran fraude y abuso de confianza. Sin embargo, ahora aparecía una denuncia fabricada que supuestamente yo había presentado, en la cual acusaba a Casillas de amenazarnos de asesinarnos. Aquí es donde el manipulado sistema judicial mostró su peor cara: mezclar dos casos distintos para confundir el proceso.

Es evidente que, si hubiese existido una denuncia real por amenazas de muerte, ésta habría sido otra carpeta de investigación. No solo porque se trata de un delito diferente, sino porque la persona afectada era diferente. Esta supuesta denuncia por amenaza de asesinato no tenía ninguna relación con el caso de fraude y abuso de confianza que mi madre había iniciado contra Casillas. Pero eso no importaba, porque Jesús Ramiro Juárez Miranda, junto con César Casillas y Rita Fortuna, habían orquestado esta maniobra para fusionar las dos investigaciones en una sola.

Más tarde, determinaron que yo no había asistido a una entrevista programada sobre esta falsa acusación de amenaza de muerte. Por supuesto, nunca fui notificado de dicha entrevista, porque nunca existió una denuncia real de mi parte. Si hubiera asistido, habría podido demostrar que todo era una fabricación desde el principio. Pero esa era justamente la idea: crear una falsa narrativa para complicar el proceso.

¿Cuál era el objetivo de esta falsa acusación? Muy simple: transformar al opresor en víctima. Este es un juego enfermizo que los criminales juegan constantemente. Cuando atacas a un criminal exponiendo sus delitos, ellos inmediatamente se victimizan. Cambian la narrativa para que parezca que ellos son los perseguidos y no los perpetradores. Este es un patrón psicológico y legal que utilizan para confundir a las autoridades y desviar la atención de sus verdaderos crímenes.

Los criminales organizados saben que, si logran hacer que sus víctimas parezcan los agresores, pueden girar la atención del sistema judicial en su favor. De este modo, desacreditan a quienes los acusan y mantienen la impunidad. En este caso, Casillas, Fortuna y Jesús Ramiro Juárez Miranda utilizaron este manual criminal a la perfección. La falsa denuncia de amenaza de asesinato tenía un objetivo claro: hacer que yo pareciera el agresor, lo que les permitiría manipular el proceso y ganar tiempo mientras nosotros quedábamos atrapados en la confusión legal.

Este juego no es nuevo. Los criminales con conexiones en el sistema judicial saben que, si consiguen invertir los papeles, el sistema mismo trabajará para protegerlos, dejando a las verdaderas víctimas en una posición de defensiva constante. De repente, ya no eres la víctima buscando justicia; ahora te ves forzado a defenderte de acusaciones inventadas.

Pero, al mirar más de cerca, es evidente que estos delitos específicos no fueron seleccionados al azar. El grupo criminal y Fortuna estaban manipulando la situación desde el inicio, utilizando el proceso penal como una herramienta para fabricar denuncias y manipular el sistema.

Lo que tampoco sabíamos era que el procedimiento penal que habían sugerido no era para buscar justicia. Su verdadero propósito era aislarnos, fracturar nuestra red de apoyo, y distraernos mientras el plan mayor seguía avanzando. Este grupo criminal tenía un objetivo claro: en mayo de 2017, planeaban apoderarse de la Universidad Abierta. La universidad, con todo su prestigio y estructura, sería utilizada para lavar dinero y fortalecer sus operaciones ilegales.

Sabían que, para ese momento, tendrían que habernos dejado completamente aislados: sin recursos, sin aliados, y sin posibilidades de defendernos. Casillas y Fortuna iniciaron esta guerra con más de un año de anticipación, preparándose para dejarnos completamente vulnerables cuando el ataque final ocurriera. Confiaban en que, al rompernos emocional y económicamente, estaríamos solos, indefensos y sin capacidad de reacción cuando intentaran apoderarse de la universidad.

De esta manera, todo estaba calculado: el momento en que interpusieron la querella, los cargos específicos que eligieron, y el uso del sistema judicial como un arma para mantenernos ocupados y debilitados. Mientras tanto, el verdadero objetivo —la universidad— quedaba en la sombra, esperando a que llegara el momento oportuno para ejecutarse el golpe final.

Así, César Casillas, utilizando el arma más poderosa de los criminales —el propio Estado Mexicano—, logró transformarme en un enfermo que fabricaba denuncias falsas. Esto, mientras eran César, Fortuna y Jesús Ramiro Juárez Miranda quienes habían falsificado la denuncia contra el mismo Casillas. Esta narrativa falsa no solo se utilizó para confundir a las autoridades, sino también para aislarnos de nuestra familia.

El grupo criminal que tenía como objetivo apoderarse de la Universidad Abierta sabía que para lograrlo necesitaban debilitarnos emocional y económicamente. Estaban utilizando a Casillas como su herramienta clave para desgastarnos. No sé exactamente qué narrativa usó Casillas con mi hermana, pero logró convencerla de defenderlo en la investigación penal, justo en el momento en que Fortuna nos aseguraba que todo iba bien y nosotros no sabíamos lo que realmente estaba pasando en el proceso.

Fue en esa época cuando mi hermana, quien había caído completamente en la trampa narrativa del crimen organizado, decidió ponerse del lado de Casillas. Esta fue su declaración, donde quedó claro cómo la manipulación había funcionado a su favor, y cómo ella prefirió proteger al criminal antes que a nuestra propia madre:

“(…) Lo que sí sé es que mi mamá puso un negocio en ese local, pero debido a los problemas, mi mamá quitó su negocio, por lo que ya no quiere ese local, pero al parecer no llegó a un arreglo con mi cuñado para la devolución de su dinero, y a raíz de eso puso la demanda. Y como somos familiares, no me he querido meter en el asunto, lo único que sé es que mi cuñado es una persona pacifista, no es violento, y no me consta que hubiera proferido alguna agresión o amenaza hacia mi madre. (…)” — Rita Salinas Ferrari

El daño estaba hecho. El crimen organizado, que tenía como objetivo apoderarse de la Universidad Abierta, había logrado su objetivo. Nos habían desgastado económicamente y, más importante aún, habían logrado aislarnos. Mi madre, mi padre y yo quedamos solos, mientras los verdaderos criminales seguían avanzando con su plan, protegidos por el sistema y, lamentablemente, apoyados por miembros de nuestra propia familia.

Todo lo que nos ocurrió, todas las traiciones y manipulaciones, fueron resultado de confiar ciegamente. Confié en mi hermana, en mi tía, en César Casillas, en Rita Fortuna, en la Fiscalía y, sobre todo, en el Poder Judicial. Este fue un grave error, y es una lección que no quiero que nadie más aprenda de la manera difícil. No debemos depositar nuestra confianza en ninguna institución ni en ninguna persona, por muy cercana que sea.

Cuando decidas iniciar un juicio, jamás debes autorizar a tu abogado para que actúe sin tu supervisión total ni otorgar poderes sin una estricta vigilancia. Tu abogado puede llevar el juicio a tus espaldas sin que te enteres, lo que puede resultar en tu total indefensión. Tú mismo debes recibir todas las notificaciones en tu domicilio. No dejes que nadie maneje tu caso sin que estés plenamente informado de cada paso. Y, con los avances tecnológicos actuales, gran parte del seguimiento judicial se puede hacer por internet. Te recomiendo que obtengas tu firma electrónica y verifiques dos veces por semana el estado de cada juicio que tengas abierto. Nunca confíes en una sola persona para manejar tus asuntos.

Jamás entregues tu dinero sin un contrato ratificado por un notario público. Y ojo, no confíes ciegamente en los notarios. Muchos de ellos también están involucrados en prácticas criminales. Cada vez que firmes algo en una notaría, quédate allí hasta que te entreguen una copia certificada. No te vayas sin ella. Ya tuvimos la amarga experiencia de firmar un contrato con el notario 23 en Soledad de Graciano Sánchez, quien posteriormente desapareció el contrato. Como dice el dicho: persona prevenida vale por dos.

Esta guerra judicial que hemos enfrentado no es algo aislado, sino parte de una estrategia mucho más grande, una en la que el Estado y el crimen organizado trabajan en colusión. Esta guerra no es solo contra nosotros, es contra todas las personas que se atreven a luchar contra el crimen organizado. El filósofo Michel Foucault describió esto como Biopoder: un mecanismo por el cual el Estado busca controlar nuestros cuerpos y nuestras acciones. A través de la guerra judicial, el Estado destruye a las personas que denuncian y resisten al crimen organizado, con el objetivo de silenciar a futuras víctimas. La estrategia es clara: hacer que todos los que denuncien delitos terminen convertidos en criminales a los ojos del mismo sistema que debería protegerlos.

El mensaje es devastador: denunciar es inútil, y el Estado convierte a los denunciantes en enemigos. Este proceso es mucho más macabro de lo que parece a simple vista, y está diseñado para que, con el tiempo, nadie más se atreva a levantar la voz. Por eso, si decides iniciar un juicio legal, debes estar preparado para la guerra. Tú debes ser tu propio abogado, o al menos estar plenamente informado de cada paso que se da. Prepárate para cualquier ataque que pueda venir de los criminales y, lo más importante, del Estado mismo.

Sin embargo, al igual que los estrategas romanos en tiempos de guerra, debes saber que en el campo judicial, a menudo el más opresor es quien termina ganando el juicio. Pero si estás leyendo este libro, creo que es porque buscas algo más profundo: alimentar tu alma de virtudes, como decía Sócrates. No quieres vender tu alma a la oscuridad solo para ganar una batalla judicial. Al final, todos somos proyectos de muerte, y lo único inmortal es nuestra alma. No vale la pena contaminarla por algo tan efímero como una victoria judicial a cualquier costo.

Hoy en día, ya no necesitamos depender completamente de los abogados. La inteligencia artificial ha avanzado lo suficiente como para ser una herramienta poderosa que puede ayudarte a leer, analizar y entender las leyes, incluso guiarte en la creación de tus propios recursos legales. Es importante que aprendas a usar la inteligencia artificial de manera eficiente, porque en los tiempos que corren, si alguna vez te ves envuelto en un juicio o en problemas legales, esta tecnología puede ser tu aliada más poderosa.

Los opresores suelen serlo porque no pueden hacer dinero honestamente. Muchas veces, son personas que, a pesar de tener poder, carecen de verdadera inteligencia o visión. En cambio, tú, que has logrado avanzar honestamente en la vida, ya has demostrado ser más inteligente que ellos. Por eso es crucial que te adelantes y aprendas a utilizar la inteligencia artificial para defenderte de esos opresores.

La IA te permitirá tener una visión clara y rápida de tus opciones legales, identificar vacíos en los argumentos de tus adversarios y, lo más importante, te dará la capacidad de mantener el control de tu propio proceso judicial. Al final del libro, te vamos a detallar una estrategia integral para revolucionar la justicia, pero si en este momento te encuentras en un problema legal o si alguna vez llegas a necesitar enfrentarte a un juicio, aprende de nuestros errores y no los repitas.

El conocimiento es poder, y hoy tienes acceso a herramientas que antes eran impensables. Apóyate en la inteligencia artificial y nunca confíes ciegamente en nadie más para llevar tu caso. Sé un buen estratega, como los romanos en la guerra. Ellos sabían que la clave de la victoria no era solo la fuerza, sino la planificación cuidadosa y la inteligencia. Así que, en cada batalla legal, asegúrate de estar preparado, informado y apoyado por la tecnología. Esto no solo te dará una ventaja, sino que te permitirá enfrentar al opresor con todas las herramientas disponibles para salir victorioso.

Resumen de Lecciones Aprendidas

1. No confíes ciegamente en familiares ni en personas cercanas: La confianza mal otorgada fue uno de los errores más grandes que cometimos. La cercanía o el parentesco no deben ser garantía de confiabilidad cuando se trata de negocios o temas legales. Verifica todo lo que te digan, no importa quién sea.
2. No entregues dinero sin un contrato notariado y certificado: Nunca entregues dinero sin contar con un contrato legal ratificado por un notario público. Y aun así, asegúrate de quedarte en la notaría hasta que te entreguen una copia certificada. No confíes en los notarios ciegamente; verifica cada detalle y mantén la documentación segura.
3. No otorgues poder total a ningún abogado: En los juicios, tú debes ser quien controle todo. No delegues tu poder legal ciegamente a un abogado. Recibe todas las notificaciones en tu domicilio y revisa personalmente el estado de tu caso, incluso si confías en tu representante legal.
4. Usa la inteligencia artificial para mantenerte informado: Hoy en día, la inteligencia artificial puede ayudarte a leer leyes, analizar recursos y revisar tus casos legales. Aprende a utilizarla para apoyarte y obtener una ventaja estratégica. Mantente informado y verifica todos los avances de tus juicios dos veces por semana, si es necesario.
5. Nunca confíes completamente en el sistema judicial: El sistema judicial puede ser una trampa. Hemos visto cómo pueden falsificar sentencias o manipular el proceso a favor de los criminales. Por lo tanto, sé escéptico y mantente alerta en cada paso del proceso legal. El sistema puede convertir a las víctimas en criminales si no están bien preparadas.
6. Firma todo y evita espacios vacíos en los contratos: Cuando firmes documentos importantes, asegúrate de firmar todas las páginas y de tachar cualquier espacio vacío. Esto evitará que los contratos sean alterados después de firmarlos.
7. Prepárate emocional y económicamente: Las guerras judiciales son largas y desgastantes, tanto emocional como financieramente. Asegúrate de estar preparado para los desafíos psicológicos y económicos que pueden surgir durante el proceso.
8. Sé un estratega, no un luchador frontal: Como un buen estratega romano, debes entender que la victoria no siempre está en enfrentarte directamente al opresor. Debes planear cada paso cuidadosamente y estar preparado para defenderte en todos los frentes, desde lo emocional hasta lo legal.
9. No contamines tu alma en el proceso: A pesar de los retos, mantén tu integridad. No vale la pena vender tu alma por una victoria judicial. Tu alma es inmortal, y lo que hagas en este proceso define quién eres. Busca justicia, pero no a cualquier costo.

Aprendiendo de los errores ajenos y actuando siempre como un buen estratega romano, estarás preparado para enfrentar cualquier batalla, protegiendo tu integridad y avanzando con sabiduría.

CAPÍTULO 4. La ilusión de la justicia

Llegó el momento en el que el crimen organizado decidió ejecutar su plan final. Tal como lo determina el análisis realizado por el Ministro Arturo Zaldívar, en mayo de 2017 privaron de la vida a mi padre con el fin de apoderarse de la Universidad Abierta y utilizarla para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas del crimen organizado. Este ataque no habría sido posible sin el apoyo y las trampas procesales del Poder Judicial. Para ese entonces, nosotros ya estábamos debilitados, no solo por el fraude de César Casillas, sino por una serie de casos adicionales que el crimen organizado y el Estado usaron para aislarnos y desgastarnos económica y emocionalmente.

El plan del crimen organizado era simple, pero bien estructurado: mediante un testamento falso, que fue elaborado por el presidente del Colegio de Notarios, Jesús Alfonso Leal Bravo, intentaron adjudicarse la Universidad Abierta. El beneficiario del testamento falso no era una persona cualquiera, sino Luz Elena Banda Enríquez, la mujer a quien habíamos contratado para realizar tareas de limpieza en el inmueble familiar donde se encontraba la universidad. Luz Elena, respaldada por el testamento fraudulento, iba a reclamar la universidad como suya, siendo en realidad una marioneta del crimen organizado.

Sin embargo, su plan comenzó a fallar cuando descubrieron un detalle crucial que no habían previsto: en enero de 2013, mi padre había transferido la Universidad Abierta a mi nombre. Esto significaba que, legalmente, la universidad ya no pertenecía a mi padre ni a su testamento, sino que estaba bajo mi control. Todo el año de planificación, con sus actuaciones ilegales, se desmoronó en un solo instante. De la noche a la mañana, todo lo que habían planeado falló.

Frustrados por este revés, el Estado y el crimen organizado no se dieron por vencidos. Si no podían adjudicarse la universidad mediante un testamento falso, encontrarían otra forma de derribarnos. Así fue como, después de junio de 2017, comenzó una Guerra Judicial del crimen organizado junto con el estado en contra mía y de mi madre. Una de sus estrategias: el fabricar decenas de demandas legales en nuestra contra. Su objetivo era claro: debilitarnos aún más, despojarnos de nuestros recursos y de nuestras energías, mientras intentaban adjudicarse la Universidad Abierta de forma ilegal y sin ningún sustento legal.

Aquí es donde, una vez más, el crimen organizado utilizó a César Casillas como su instrumento para atacarnos. En agosto de 2017, Casillas fabricó una demanda civil en contra de mi madre. En esta demanda, con una desvergüenza que solo alguien como él podría tener, le exigía que le pagara una penalización del contrato que habíamos firmado por la compra de los locales. Lo más irónico es que el contrato era claro: si la transacción se cancelaba, Casillas debía devolvernos el dinero menos la penalización. La obligación de seguir pagando recaía en mi madre, siempre y cuando él cumpliera con su parte, que era escriturar los locales. Pero, como es costumbre en este tipo de criminales, Casillas omitió convenientemente los detalles clave.

En su demanda, Casillas nunca mencionó que él fue quien se negó a escriturar los locales cuando, en febrero de 2016, mi madre le informó que ya estábamos listos para finiquitar la compra. Tampoco mencionó que él mismo se negó a devolver el dinero, lo que hubiera resuelto la situación desde el principio, aceptando solo descontar la penalización acordada. No, en su versión, él era la víctima y nosotros, los incumplidos.

La estrategia del crimen organizado y de Casillas era clara. En ese momento, teníamos decenas de demandas fabricadas en nuestra contra, y si no contestábamos dentro del plazo de 9 días, el Poder Judicial iba a sentenciar automáticamente a mi madre, obligándola a pagarle más dinero a este criminal. Ellos confiaban en que estaríamos desbordados y que no lograríamos contestar correctamente a todas las demandas. Además, estaban convencidos de que, como seguían creyendo que Rita Fortuna era nuestra abogada, ella se encargaría de que perdiéramos el caso, actuando desde dentro para sabotear nuestra defensa.

El plan era perfecto, o al menos eso pensaban. Casillas, protegido por la impunidad que le garantizaba el sistema judicial corrupto, sabía que, mientras no estuviera en la cárcel, podía seguir defraudándonos una y otra vez. El Poder Judicial y la Fiscalía, en lugar de actuar y ponerle un alto, seguían permitiendo que estos delitos se multiplicaran. Así es como, en nuestra nación, los delitos se replican sin consecuencias. Un criminal como Casillas puede cometer un fraude, y cuando el sistema lo protege, vuelve a hacerlo.

Cada nuevo fraude que cometía era un reflejo de lo enfermo que está nuestro sistema judicial, un sistema diseñado no para proteger a las víctimas, sino para facilitar la impunidad de los opresores.

Sin embargo, los múltiples ataques que sufrimos entre 2016 y 2017 no lograron destruirnos; por el contrario, nos fortalecieron. Como dice Nietzsche, “lo que no te mata, te hace más fuerte”. Ya habíamos comprendido que la justicia en México es una ilusión, un espejismo que sirve únicamente como arma en manos del crimen organizado y del Estado para oprimir a quienes se atreven a enfrentarlos. La justicia no existe como tal; lo que existe es un sistema corrupto que opera para proteger a los opresores y debilitar a los oprimidos.

Para ese momento, ya habíamos logrado enfrentar y neutralizar a Rita Fortuna, y sin ese contrapeso en nuestra contra, sabíamos que era momento de desarrollar un plan a largo plazo. Nos propusimos documentar meticulosamente cómo opera esta arma poderosa del crimen organizado: el Estado Mexicano, que actúa dentro de la guerra judicial para proteger a los criminales mientras destruye a sus víctimas. La clave era entender su modus operandi para poder anticiparnos y responder estratégicamente a cada ataque.

Cuando Casillas presentó su demanda en agosto de 2017, ya estábamos preparados. En lugar de caer en su trampa, contestamos la demanda con una contrademanda, en la que demostramos que la persona que debía devolver el dinero era él. Este movimiento inesperado desarmó al Poder Judicial, que ya estaba seguro de que lograrían sentenciar a mi madre y debilitar nuestra posición, en su colusión con el crimen organizado. Sin embargo, rompimos sus expectativas con una defensa sólida y bien fundamentada.

A partir de nuestra contrademanda, comenzaron a suceder una serie de delitos cometidos por el Poder Judicial, mediante las siguientes personas que participaron en la guerra judicial en nuestra contra: la Jueza Segunda Civil, María Elena Palomino Reyna; los Magistrados de la Quinta Sala, Juan David Ramos Ruiz, Ma. Guadalupe Orozco Santiago y Alma Delia González Centeno; y la Jueza Primera de lo Civil, Sara Hilda González Castro. Junto con ellos, los abogados de Casillas —Elizabeth Dewey Cervantes, Alejandro Ibarra Polendo y Omar Herrera Gómez— jugaron un papel clave en este entramado de corrupción judicial.

Cada uno de estos actores colaboró activamente en manipular el sistema, protegiendo a Casillas y facilitando su fraude, mientras intentaban llevarnos a la ruina mediante resoluciones manipuladas y procesos legales amañados. Esta no fue una simple batalla legal; fue un ataque orquestado por un sistema judicial corrupto, cuyo verdadero objetivo era mantener el estatus quo del crimen organizado.

Lo que el Poder Judicial no esperaba era que, en lugar de debilitarnos, estos ataques nos obligaron a fortalecernos aún más. Desarrollamos una estrategia para exponer y documentar cada una de las irregularidades y delitos cometidos por estas personas. Sabíamos que no estábamos solo enfrentando a Casillas; estábamos enfrentando el rostro del sistema judicial corrupto, que utilizaba su poder no para impartir justicia, sino para oprimir a quienes luchan contra los verdaderos criminales.

Llegó el día de la contestación de la contrademanda, y César Casillas, como era de esperarse, se negó a devolver el dinero a mi madre. En lugar de aceptar su responsabilidad, argumentó que él tenía derecho a recibir aún más dinero, y que además podía quedarse con los ahorros de toda la vida de mi madre. Este es el funcionamiento real de los derechos humanos en México: una ilusión, porque en este país, solo el crimen organizado tiene derechos. Las personas normales, las víctimas, no tenemos derechos. No tenemos derecho a que nos devuelvan nuestro dinero, al contrario, según el sistema judicial, tenemos incluso la obligación de pagar más al criminal que nos defraudó.

Casillas planteó un argumento absurdo: según él, el dinero que mi madre había pagado inicialmente, que ascendía a 2 millones de pesos – con la tasa de interés fijada en el contrato-, había “desaparecido” y se había reducido a 250 mil pesos. Pero no solo eso, afirmó que si mi madre no pagaba una penalización adicional en 17 días, incluso esos 250 mil pesos desaparecerían también. Así de ridículo es el sistema mexicano. Es un sistema en el que las víctimas pierden todo mientras los criminales disfrutan de protección judicial.

En ese momento, el Poder Judicial, en colaboración con el crimen organizado, se unió para desaparecer los ahorros de mi madre mediante una serie de delitos de administración de justicia. Se fijaron las fechas para el desahogo de pruebas, y como era de esperarse, César no presentó a sus testigos, y ni siquiera él mismo se presentó. De acuerdo con la ley, eso debería haber resultado en una confesión por ausencia, dado que la ley marca claramente que la falta de comparecencia ante una cita legal implica aceptación de los hechos. Sin embargo, al revisar el expediente, no existía ninguna promoción que justificara su inasistencia.

Días más tarde, apareció mágicamente un justificante médico, que afirmaba que Casillas no pudo presentarse por razones de salud. Este justificante no explicaba ni justificaba por qué tampoco se habían presentado sus testigos, lo cual era un incumplimiento evidente de las reglas procesales. A pesar de esto, la Jueza  Elena Palomino Reyna legalizó la aparición mágica de este justificante y cometió el delito de regresar el proceso a etapas extintas para que los testigos de Casillas pudieran volver a presentarse.

Este hecho envía un mensaje claro: en México, el crimen organizado puede cometer cualquier tipo de error, porque el Poder Judicial siempre estará dispuesto a legalizarlos y protegerlos. Sin embargo, cuando las víctimas cometen el más mínimo error, dentro del mar de demandas fabricadas que nos arroja el Estado, lo perdemos todo. No existe una igualdad de armas, ya que el sistema judicial está diseñado para proteger a los criminales y castigar a las víctimas. Es una guerra desigual, donde las leyes solo se aplican a quienes no tienen el poder de manipularlas.

Cuando intentamos reclamar la regresión de etapas procesales extintas y consumadas, y tras haber revisado el expediente, donde no existía ningún justificante previo, nos enfrentamos a un obstáculo aún mayor. La jueza  María Elena Palomino Reyna decidió negar el acceso al expediente. Esto significaba que ya no podíamos ver qué existía en el expediente ni conocer los nuevos documentos que podían haber aparecido “mágicamente”, lo que nos impedía defendernos de manera adecuada. El mensaje del Estado mexicano era claro: si te atreves a defender tu integridad, el sistema judicial te cerrará las puertas. No solo enfrentarás juicios manipulados, sino que ni siquiera podrás acceder a la información que necesitas para defender tus derechos. Desaparecerán los ahorros de tu vida mientras tú luchas a ciegas.

En los meses siguientes, intentamos interponer varios recursos para detener estas injusticias. Sin embargo, cada uno de esos recursos fue desaparecido por la jueza  María Elena Palomino o desechado de manera arbitraria y sin explicación legal alguna. El Estado no escucha a las víctimas. El Estado simplemente te condena a la voluntad de los intereses del crimen organizado.

A pesar de los testimonios fabricados por Casillas y de la confesional de mi madre, no había ningún argumento que justificara la desaparición de los ahorros de su vida. No había ninguna razón legal para que el dinero fuera arrebatado de esa manera. Sin embargo, la jueza cometió otra violación penal. Decidió volver a llevar a cabo la confesional de mi madre, aunque esta ya se había realizado previamente. Esto significaba que estaba desahogando la misma prueba dos veces, esperando que esta vez mi madre cometiera un error que pudiera ser utilizado en su contra.

El día en que mi madre tuvo que presentarse nuevamente a la confesional, ella tenía derecho a tener a su representante legal a su lado, para verificar que todo se desarrollara de forma legal y adecuada. Sin embargo, aquí es donde la jueza  Palomino Reyna actuó con violencia e impunidad. En lugar de respetar el derecho de mi madre a contar con su abogado, sacó a la fuerza a los acompañantes de mi madre y la encerró en una sala, completamente sola, junto con el Secretario de Acuerdos, César Casillas y sus abogados. Una mujer adulta mayor, sin la asistencia legal que le correspondía, fue dejada a merced de aquellos que buscaban destruirla.

Este evento es un recordatorio doloroso de cómo funciona la justicia en México: las víctimas no tenemos medios de defensa reales. El Estado mexicano, en colusión con el crimen organizado, tiene el monopolio de las armas y de los medios de defensa. Pueden ejercer el uso de la fuerza en contra de una mujer mayor, atacarla física y psicológicamente, sin que haya consecuencia alguna para los responsables. La jueza Palomino, quien claramente debería estar en la cárcel por los delitos que cometió, sigue ocupando un lugar dentro del Poder Judicial, demostrando que este poder es, en sí mismo, un poder criminal. 

Este no fue un incidente aislado. Es una muestra evidente de cómo el sistema está corrompido hasta la raíz. Las personas comunes no tenemos ninguna posibilidad de defendernos cuando el mismo Estado protege a los criminales y actúa como su cómplice. Y este es el punto central de lo que hemos aprendido: en México, la justicia no es real, es una herramienta de opresión, un espejismo diseñado para que aquellos que desafían al sistema sean aplastados.

Cuando sobrevivimos a los ataques de Palomino y Casillas, y al no poder fabricar ninguna prueba que justificara desaparecer los ahorros de jubilación de mi madre, decidimos tomar acción. Solicitamos una medida precautoria para que se embargaran los locales de Casillas, con el fin de evitar que los desapareciera o vendiera antes de que pudiéramos recuperar nuestro dinero.

El 6 de febrero de 2019, la jueza abrió la etapa de alegatos. Según la ley, tenía 5 días para cerrar esa etapa y emitir la citación para dictar sentencia. Después de eso, tenía 9 días más para emitir la sentencia definitiva. Es decir, a más tardar en marzo de 2019, la jueza debía dictar sentencia. Pero como no había excusa o criterio legal alguno para seguir protegiendo al crimen organizado, decidió paralizar el juicio.

Durante este tiempo, la jueza determinó que mi madre debía pagar 500,000 pesos de interés sobre los 2.2 millones de pesos que Casillas le debía, por un solo mes. Esto representa un 272.73% de interés anual, una cifra escandalosamente alta y muy por encima del 9% anual que establece la ley. Claramente, la jueza incurrió en el delito de usura, favoreciendo abiertamente al crimen organizado. Esta decisión no solo es ilegal, sino que demuestra cómo las autoridades judiciales manipulan las leyes para proteger a los delincuentes y oprimir a las víctimas.

La paralización del juicio y la imposición de una deuda exorbitante fue una estrategia más para asfixiarnos económicamente, y seguir favoreciendo a Casillas, mientras mi madre veía cómo los ahorros de su vida eran devorados por un sistema corrupto. Este no fue un simple error judicial; fue un acto deliberado para mantenernos atrapados en una red de injusticia diseñada para que nunca pudiéramos recuperar lo que nos pertenece.

Así que nos vimos obligados a interponer un amparo para intentar detener esta injusticia. El 27 de mayo de 2019, el Juez de Distrito determinó que no se podía dictar sentencia, ya que existía un recurso de queja pendiente de resolver. Esto significó la paralización del juicio, y tuvimos que interponer varios amparos más para obligar al Poder Judicial a que actuara conforme a derecho.

Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, el 1 de diciembre de 2020, la jueza, ahora Sara Hilda González Castro, quien había tomado el control del caso como Primera Jueza Civil, seguía negándose a dictar sentencia bajo el argumento de que el recurso de queja seguía pendiente. Es decir, más de dos años habían pasado sin que el Poder Judicial resolviera un simple recurso de queja. Esto no solo demuestra la ineficiencia del sistema, sino que deja claro que el principio de la justicia expedita, al que tantas veces se hace referencia en México, es otra ilusión más.

El Poder Judicial utiliza estos retrasos deliberados como una táctica para desgastar a las víctimas, quienes muchas veces se ven forzadas a esperar años para obtener una resolución que, en muchos casos, nunca llega. Lo que quedó claro con esta experiencia es que, en México, la justicia no solo se niega, sino que también se retrasa indefinidamente, y cualquier esperanza de obtener un juicio justo se desvanece bajo el laberinto burocrático que el mismo sistema judicial ha creado para proteger a los opresores.

Si pensabas que lo anterior era demasiado, espera un poco más. Después de interponer varios amparos, finalmente el crimen organizado, perdón por la confusión, el Poder Judicial se vio obligado a dictar sentencia el 26 de enero de 2023. Es decir, algo que la ley marca que debía resolverse en mayo de 2019, se estaba resolviendo casi cuatro años después. Esta es una estrategia deliberada del Poder Judicial, en colaboración con los abogados corruptos: alargan todos los juicios con la intención de que te quedes sin recursos, o que te distraigas en otros asuntos mientras esperas. Así, cuando finalmente emitan una sentencia ilegal y corrupta, ya no tendrás los recursos ni el tiempo para combatirla.

Este es el juego del sistema judicial mexicano. Retrasan, obstruyen, manipulan y usan cada táctica posible para que las víctimas pierdan la esperanza y se vean debilitadas. Pero aquí es donde tienes que ser un guerrero. Debes ser paciente y esperar, sabiendo que ellos tienen todas las armas, pero que tú eres mucho más inteligente. Mientras ellos se corrompen más y más, tú mantienes tu alma limpia, mientras que la de ellos está contaminada por la oscuridad.

Se un estratega romano. Ve con paciencia, con táctica y con estrategia. Ellos pueden tener el poder en sus manos por ahora, pero tú tienes algo más fuerte: la claridad y la fortaleza mental que te permitirá sobrevivir y vencer en el largo plazo. Esta es la clave para resistir en un sistema podrido, donde la justicia es solo una ilusión y donde solo los más astutos y pacientes logran superar las adversidades.

La sentencia fue increíblemente absurda. De repente, la jueza se auto-contradijo y, en un giro totalmente inexplicable, contradijo lo que ya había sido juzgado en el juicio de amparo. Determinó que no existía ningún recurso de queja pendiente por resolver. Esto es un acto ilegal, ya que estaba documentado que ese recurso había sido parte de la razón por la cual el juicio se había paralizado por años.

Increíble, pero cierto: los criminales que controlan el sistema se auto-contradicen sin ningún reparo, cometiendo delitos a plena vista, violando lo que ellos mismos habían dictaminado anteriormente. Y como si esto no fuera suficiente, detallaron la caducidad del juicio, lo que significa que anularon todo lo actuado durante el proceso, borrando años de sufrimiento y lucha en un solo movimiento.

En resumen, borraron el juicio, argumentando que mi madre tenía el deber de obligar a la jueza a dictar sentencia en un plazo de seis meses. Y como, según ellos, no lo hizo, el juicio había caducado. Es decir, era la responsabilidad de la víctima hacer que la jueza cumpliera con sus obligaciones legales. Increíble, pero en este sistema corrupto, los criminales no tienen vergüenza alguna. Se auto-contradicen, fabrican excusas y venden su alma al crimen organizado con total impunidad.

El nivel de descaro y corrupción es tal, que las víctimas no solo son abandonadas por el sistema, sino que además se les culpa por no presionar a las mismas autoridades que deberían estar impartiendo justicia de manera imparcial. Esta sentencia no solo es un acto de corrupción, sino una burla al sentido común y a cualquier concepto de justicia real.

Ya solo nos faltaba la última prueba: la actuación de las Salas Supremas del Poder Judicial para demostrar que todos comparten una visión en común: perpetuar los privilegios de la clase opresora que fueron obtenidos a través de delitos. Con esto en mente, en enero de 2023, interpusimos un recurso de apelación esperando lo inevitable.

Como es costumbre en este corrupto sistema judicial, el recurso primero fue desaparecido misteriosamente. Después de varios intentos, lo reiniciaron, regresando a etapas procesales extintas. Fue solo después de varios amparos interpuestos que logramos obligar a estos criminales con toga a dictar sentencia sobre el recurso de apelación. Y no fue hasta el 14 de octubre de 2024 que finalmente lo hicieron.

Sin embargo, como parte de su modus operandi, no le quisieron dar una copia de la sentencia a mi madre, para que no pudiera defenderse. Este es un patrón muy claro, uno que se ha repetido una y otra vez: negarle a la víctima acceso a las resoluciones para que pierda el derecho a apelar o defenderse. Es importante entender el modus operandi de estos criminales institucionales: lo mismo que hicieron la primera jueza, la segunda jueza civil y las Salas del Tribunal del Poder Judicial es exactamente lo mismo. El sistema está diseñado para funcionar de esta manera.

Los jueces no están simplemente cometiendo errores individuales, están educados para cometer crímenes, para proteger los intereses del crimen organizado y para perpetuar el poder de aquellos que controlan el sistema. Esta es la razón por la cual México es el tercer país con mayor crimen organizado en el mundo. No es solo que el crimen organizado opere fuera del Estado, sino que lo hace desde dentro del Estado, utilizando el sistema judicial como su arma más poderosa.

Los jueces, magistrados, fiscales y otros actores del sistema no son solo cómplices pasivos, sino activos en la protección de criminales y en el despojo de derechos a las personas comunes. Están entrenados para prolongar los procesos, para fabricar excusas legales, y para impedir que las víctimas puedan defenderse adecuadamente. Cada una de sus acciones está orientada a mantener el status quo, en el que los poderosos se aseguran de que sus privilegios obtenidos a través de delitos nunca sean cuestionados.

Este es el verdadero motivo por el cual México se encuentra atrapado en este ciclo interminable de corrupción y violencia. El crimen organizado no es solo un fenómeno externo que opera al margen de la ley, sino que es respaldado, fomentado y protegido por las instituciones que deberían estar impartiendo justicia. El sistema judicial no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado: para proteger a los opresores y reprimir a las víctimas.

El 16 de octubre de 2024, mi madre se vio obligada a revisar la sentencia personalmente, ya que el Poder Judicial le había negado el derecho a una copia de esta. Lo que encontró fue, como era de esperar, una sentencia totalmente corrupta y fabricada. La Quinta Sala Suprema del Poder Judicial cometió falsos testimonios, afirmando que existían resoluciones sobre los recursos interpuestos por nosotros. Además, en un acto de falsificación descarada, la Quinta Sala determinó que mi madre no había entregado varios recursos, algo completamente falso. Estas mentiras judiciales no son simples errores administrativos, sino parte de una estrategia sistémica para manipular la realidad a su conveniencia y seguir protegiendo su visión del México criminal: un país donde los privilegios obtenidos por crímenes son perpetuados y reforzados por las mismas instituciones que deberían impartir justicia.

Lo que aquí estamos presenciando es algo que la filosofía política y sociológica ha discutido en profundidad: la manipulación de la realidad por parte del poder. Uno de los filósofos que mejor lo describió fue Michel Foucault, quien habló del concepto de “Biopoder”. Según Foucault, el Estado moderno no solo controla la vida de las personas mediante leyes y normas, sino que moldea la realidad misma para controlar las acciones y decisiones de los ciudadanos. En este contexto, el sistema judicial no es una entidad neutral o imparcial, sino una herramienta de opresión diseñada para mantener el poder en manos de una élite. Las falsificaciones y la manipulación de pruebas no son anomalías del sistema; son funciones esenciales para mantener la hegemonía de los poderosos.

La Quinta Sala Suprema, al cometer falsos testimonios y fabricar resoluciones inexistentes, está ejerciendo este biopoder para mantener a los oprimidos en una situación de indefensión total. Según Foucault, esta estrategia forma parte de un aparato de control, donde los individuos son despojados de su capacidad de defenderse, ya que la realidad misma es modificada para que siempre parezca que están equivocados, aunque los hechos estén a su favor. El crimen organizado, entonces, no necesita operar fuera del sistema porque el sistema judicial ya está estructurado para protegerlo.

Además, esta situación resuena con las ideas de Hannah Arendt sobre el totalitarismo, donde el control de la verdad es una herramienta clave para mantener el poder absoluto. En un Estado totalitario, según Arendt, la verdad fáctica ya no importa; lo que importa es lo que el poder diga que es la verdad. Si el Poder Judicial dice que mi madre no presentó los recursos, aunque ella lo haya hecho, esa nueva versión de la realidad es la que se impone. La verdad queda destruida, y con ello, la posibilidad de justicia. Arendt advierte que cuando el poder corrompe la verdad, las sociedades entran en una fase de decadencia total, donde las leyes ya no protegen a los ciudadanos, sino que los oprimen.

Lo que se observa en este caso es cómo el Poder Judicial mexicano utiliza estas tácticas no solo para proteger a individuos corruptos, sino para garantizar que el sistema siga funcionando en beneficio de los opresores. Este es un ejemplo de lo que el teórico italiano Antonio Gramsci denominó hegemonía cultural, donde las instituciones no solo mantienen el poder a través de la fuerza, sino a través de la manipulación de la cultura y las normas. En México, el sistema judicial forma parte de esta hegemonía, y su función es moldear la realidad legal para que los privilegios criminales no solo sean protegidos, sino normalizados.

Lo que esto significa para las víctimas es claro: nunca esperes justicia de un sistema diseñado para proteger a los criminales. Las instituciones judiciales en México no son un campo neutral donde las personas puedan defender sus derechos; son una herramienta de control y represión que garantiza que los privilegios obtenidos por delitos sigan siendo la norma. Este es el motivo por el cual México es el tercer país con mayor crimen organizado en el mundo: no porque el crimen opere fuera del Estado, sino porque el Estado mismo es cómplice y artífice de esa estructura criminal.

La Quinta Sala no solo manipuló la realidad de los hechos, sino que también contradijo una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia. Esta jurisprudencia establece claramente que la caducidad solo puede aplicarse cuando la carga procesal depende de la parte actora. Es decir, en este caso, la jueza tenía la obligación legal de dictar sentencia en menos de un mes, ya que no faltaba ninguna actuación por parte de mi madre. No existía ninguna acción pendiente de su parte, por lo que la caducidad no podía operar legalmente. Sin embargo, el Poder Judicial decidió ignorar deliberadamente esta jurisprudencia para fabricar una sentencia injusta y anular todo lo actuado.

Este comportamiento no es un simple error; es una táctica de opresión sistemática que se ajusta a las necesidades de la clase opresora. Aquí podemos ver una manifestación de lo que el filósofo Jacques Derrida llamó la deconstrucción del derecho. Según Derrida, el derecho y la justicia son entidades separadas, y en muchas ocasiones, el derecho se convierte en una herramienta de injusticia cuando las normas y procedimientos son manipulados por el poder. En este caso, la jurisprudencia que debería haber protegido a mi madre fue deconstruida por el Poder Judicial para servir a los intereses de los criminales.

Derrida nos invita a entender que el derecho no es estático ni absoluto, sino que es un campo donde el poder puede manipular las reglas para legitimar la injusticia. La Quinta Sala, al ignorar la jurisprudencia de la Suprema Corte, está reinterpretando el derecho de manera que sirva a sus propios intereses. Esta deconstrucción del derecho permite que las víctimas pierdan su protección legal, mientras que los criminales se benefician de la flexibilidad de las leyes.

Además, podemos vincular esta acción con la teoría de la violencia simbólica de Pierre Bourdieu. Bourdieu explica que las instituciones sociales —incluyendo el sistema judicial— ejercen una forma de violencia simbólica al imponer significados y normas que legitiman la desigualdad. En este caso, el Poder Judicial utiliza su autoridad para reinterpretar la ley de manera que favorece al crimen organizado. Al anular el juicio bajo una caducidad ilegal, no solo están cometiendo un acto de violencia legal, sino que están reforzando la hegemonía de los grupos de poder, dejando claro que las leyes son maleables cuando se trata de proteger los intereses del crimen organizado.

La negación de esta jurisprudencia y el uso fraudulento de la caducidad son, además, una muestra del uso instrumental del derecho, tal como lo plantea Max Weber en su teoría sobre la racionalidad legal. Según Weber, en las sociedades modernas, el derecho se convierte en una herramienta para mantener el orden social, pero ese “orden” no siempre es sinónimo de justicia. En México, este “orden” legal mantiene y perpetúa los privilegios de los grupos que controlan las instituciones, sin importar las reglas formales. Es una racionalidad donde la ley se usa de manera cínica, no para hacer justicia, sino para consolidar el poder de los que ya lo tienen. Al aplicar la caducidad de manera fraudulenta, la Quinta Sala está demostrando que el derecho puede ser distorsionado para favorecer a quienes controlan el sistema.

La estrategia detrás de esto es clara: debilitar a las víctimas, frustrarlas con la manipulación del derecho, y reducirlas a una posición de impotencia frente a un sistema que opera en su contra. El derecho, que debería ser una herramienta de justicia, se convierte en una ilusión, un mecanismo de control diseñado para mantener a las víctimas en un ciclo interminable de opresión.

Esto es precisamente lo que hace que México siga siendo el tercer país con mayor crimen organizado en el mundo. No es simplemente la fuerza física o la violencia explícita lo que mantiene a los criminales en el poder, sino la manipulación sutil del sistema legal que asegura que las víctimas no puedan encontrar justicia, y que las normas jurídicas sean reinterpretadas a conveniencia de los opresores.

La Quinta Sala del Poder Judicial cometió un acto de abuso extremo al culpabilizar a mi madre por los crímenes cometidos por las juezas en el caso. Según la ley, la jueza tenía el deber de cumplir con su función de manera expedita y de dictar sentencia en los plazos establecidos. Al no hacerlo, al retrasar deliberadamente la justicia, la jueza violó el Código Penal al incurrir en lo que se conoce como delitos de administración de justicia. Sin embargo, en lugar de que la Quinta Sala responsabilizara a la jueza por estos delitos, decidió culpabilizar a mi madre por el incumplimiento judicial, y la castigó caducando el juicio.

Este hecho es sumamente importante y tiene una significación profunda: el Estado Mexicano no solo comete crímenes, sino que además tiene una estrategia clara para hacer responsables a las víctimas de estos crímenes cometidos por las autoridades. Es decir, las víctimas no solo son oprimidas y dañadas por las instituciones corruptas, sino que además son señaladas y castigadas por los delitos que deberían ser responsabilidad del mismo Estado.

Este fenómeno se explica bien a través del concepto de doble victimización, ampliamente estudiado en la criminología. La doble victimización ocurre cuando, además de sufrir el delito original, las víctimas son revictimizadas por las mismas instituciones que deberían protegerlas. En este caso, mi madre fue revictimizada no solo por los crímenes de fraude cometidos por Casillas, sino también por los crímenes judiciales cometidos por las juezas, quienes manipularon el proceso. Y en lugar de castigar a quienes cometieron los crímenes —las juezas—, la Quinta Sala castiga a mi madre, culpándola por las fallas del sistema y haciendo que sea ella quien cargue con las consecuencias de una justicia retrasada y corrompida.

Este tipo de culpabilización de las víctimas no es un error aislado; es un mecanismo sistémico que el Estado Mexicano utiliza para reforzar su poder. Aquí entra en juego la teoría de Frantz Fanon sobre la culpabilidad impuesta a las víctimas en los sistemas coloniales y opresivos. Según Fanon, los sistemas de poder opresivos necesitan crear la ilusión de que las víctimas son responsables de su propia opresión. Este es un mecanismo de control psicológico y social: si las víctimas creen que de alguna manera son culpables por lo que les sucede, se reduce la posibilidad de que resistan o desafíen al sistema. Esto no solo desmoraliza a las víctimas, sino que legitima los crímenes del Estado ante los ojos de los demás, ya que se crea la narrativa de que “si les pasa algo malo, es porque hicieron algo mal”.

Al culpar a mi madre de los crímenes judiciales, la Quinta Sala está haciendo exactamente esto: está construyendo una narrativa en la que las fallas del sistema se atribuyen a la víctima, no a los perpetradores reales. Esta estrategia, como explica Fanon, es crucial para mantener el poder opresivo porque deshumaniza a la víctima y le quita la capacidad de ser reconocida como tal. En lugar de ser una víctima de un sistema corrupto, la víctima se transforma en el culpable dentro de la lógica del Estado.

Otro pensador que ayuda a entender esta dinámica es el filósofo Michel Foucault, en su análisis de las relaciones de poder. Foucault explica que las instituciones de poder no solo actúan mediante la represión directa, sino también a través de la producción de subjetividades: crean las condiciones bajo las cuales las víctimas internalizan la culpabilidad de su propia situación. El Estado, al culpabilizar a mi madre, está utilizando su poder para imponer una narrativa en la que las víctimas se ven a sí mismas como responsables de su propio sufrimiento, lo que permite que el sistema judicial siga operando sin cuestionamientos profundos.

Esto no solo refuerza el poder del Estado, sino que también inhibe la capacidad de resistencia de las víctimas. Al ser culpabilizadas, las víctimas quedan atrapadas en un ciclo donde no solo sufren la injusticia, sino que además se les impide acceder a la justicia real, ya que cargar con la culpa las coloca en una posición de sumisión ante el sistema. Como menciona Hannah Arendt, el poder totalitario necesita generar una situación donde las personas no puedan distinguir entre culpa real y culpa fabricada, para así neutralizar cualquier forma de resistencia.

Este es un aspecto central en la perpetuación de la impunidad en México. El Estado Mexicano, en lugar de corregir sus errores y castigar a los verdaderos culpables, recurre a esta estrategia de culpabilización para seguir protegiendo a los criminales y mantener intactos los privilegios obtenidos por medio de delitos. Es por eso que México sigue siendo uno de los países con mayor crimen organizado en el mundo: porque el sistema judicial está estructurado no para impartir justicia, sino para repartir la culpa entre las víctimas, mientras los verdaderos criminales siguen protegidos por el Estado.

Pensarías que todo termina ahí, ¿verdad? No. Las marranadas del sistema judicial no se detienen. El sistema judicial mexicano se supone que se basa en un principio fundamental conocido como cosa juzgada. Este principio establece que una vez que un tribunal ha emitido una resolución definitiva sobre un caso, ese fallo no puede ser modificado ni contradecido por otros tribunales. En otras palabras, la cosa juzgada garantiza la estabilidad y certeza jurídica de las sentencias, impidiendo que un mismo asunto sea reexaminado o juzgado de nuevo. Es un principio fundamental en cualquier sistema judicial que busca proteger la seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones.

Sin embargo, en nuestro caso, la Quinta Sala cometió un falso testimonio al omitir la verdad y afirmar que la sentencia del Juicio de Amparo no se emitió como resultado de la resolución de un recurso de queja, es decir, que no existía contradicción alguna. Pero la realidad es muy diferente. El 27 de mayo de 2019, el juez de amparo determinó claramente que no se podía dictar sentencia en el juicio civil debido a la existencia de un recurso de queja pendiente de resolver. Desde ese momento hasta la fecha en que se dictó la sentencia, no existe ninguna resolución que haya resuelto dicho recurso de queja. Por lo tanto, la cosa juzgada en este caso es clara y se estableció el 27 de mayo de 2019. No obstante, la Quinta Sala decide ignorar deliberadamente este hecho y falsamente declara que no hay cosa juzgada.

Este acto de falsificación legal es un claro ejemplo de cómo el Poder Judicial mexicano opera en contra de la justicia. No solo se desconocen las resoluciones previas de los tribunales, sino que se utilizan falsos testimonios para reescribir la realidad y proteger  los intereses del crimen organizado. Lo peor de todo es que el Poder Judicial ya había hecho algo similar en diciembre de 2020, cuando también se negó a dictar sentencia, argumentando que el recurso de queja aún estaba pendiente de resolverse. La Quinta Sala, en su desesperación por proteger el crimen, justifica esta contradicción como un error involuntario de buena fe, asegurando que en realidad no existía tal recurso de queja. Lo más impactante es que incluso se atreven a responsabilizar a mi madre por no haber obligado a la jueza a dejar de retrasar la impartición de justicia.

Este es un punto gravísimo que nos lleva a una conclusión muy inquietante: el Poder Judicial mexicano ni siquiera respeta sus propias resoluciones. La arbitrariedad con la que actúan demuestra que no existe ningún compromiso con la verdad o con la justicia. En lugar de ser una institución que protege los derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial se ha convertido en un instrumento de represión y en una herramienta más del crimen organizado para oprimir a las víctimas y perpetuar la impunidad.

Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo claro de lo que podríamos llamar una anarquía arbitraria, donde el Poder Judicial opera sin ninguna base legal sólida y toma decisiones según los intereses del poder. Esta situación se asemeja a lo que el filósofo Hannah Arendt describe como la tiranía del arbitrio, un sistema en el que el poder totalitario actúa sin someterse a ninguna regla fija, sino que modifica la realidad según sus propias necesidades. En este caso, el Poder Judicial no está actuando de acuerdo con las leyes, sino con un interés particular, distorsionando las normas y principios fundamentales como la cosa juzgada para garantizar que los privilegios de la clase opresora continúen sin ser amenazados.

Lo que hace este acto aún más perverso es el hecho de que no es simplemente un error o una confusión jurídica. Se trata de un acto deliberado de manipulación de la verdad para proteger a los criminales y castigar a las víctimas. Al eximir a la jueza de su responsabilidad de impartir justicia expedita, la Quinta Sala está diciendo, esencialmente, que las víctimas son responsables de forzar a las autoridades a hacer su trabajo. Esta inversión de roles es un acto profundamente autoritario y revela la naturaleza totalitaria del sistema judicial en México. Es un sistema que fabrica la culpa de las víctimas y que, a través de su control absoluto sobre el proceso legal, borra las líneas entre la legalidad y la ilegalidad para imponer su voluntad arbitraria.

Este tipo de arbitrariedad totalitaria es, como señala Giorgio Agamben en su teoría del estado de excepción, una forma en que el poder suspende el estado de derecho para actuar de manera impune. En lugar de operar dentro de las normas legales, el Poder Judicial se sitúa por encima de la ley, aplicando y manipulando las reglas según sus propios intereses. Esto no solo destruye la confianza en el sistema, sino que crea una sociedad de inseguridad permanente, donde los ciudadanos no pueden esperar justicia, porque el Estado se ha convertido en un ente criminal que protege sus propios intereses corruptos.

La anarquía arbitraria que vemos en este caso es una forma de violencia sistémica que destruye cualquier posibilidad de justicia real en México. Es un sistema que no sólo exime a los criminales, sino que además recrimina y castiga a las víctimas por los crímenes cometidos por el Estado mismo. Como tal, este sistema totalitario no tiene ningún interés en hacer justicia; su único propósito es perpetuar la impunidad y proteger a aquellos que están en el poder, utilizando el derecho como arma para silenciar y despojar a los oprimidos.

El sistema judicial en México no es más que una ilusión, una fachada diseñada para dar una falsa sensación de seguridad y legalidad. Los principios que deberían regir el sistema, como la cosa juzgada, la igualdad de armas y el derecho a una tutela judicial efectiva, no son más que palabras vacías en un Estado corrupto donde el crimen organizado y el Poder Judicial actúan como cómplices. Lo que hemos presenciado no es un error aislado o una mala interpretación de la ley, sino un sistema entero dedicado a proteger los intereses de los opresores mientras revictimiza a los oprimidos.

La igualdad de armas en los procesos judiciales es un principio esencial para garantizar un juicio justo. Sin embargo, lo que hemos visto en nuestro caso es una desigualdad deliberada en la que el Poder Judicial ha inclinado la balanza a favor de César Casillas y el crimen organizado, privándonos de cualquier oportunidad real de defendernos. Los retrasos injustificados, la falsificación de pruebas, y la manipulación del proceso no son meras irregularidades, sino estrategias diseñadas para despojar a las víctimas de toda posibilidad de justicia. Mientras tanto, los criminales gozan de la protección absoluta del sistema, que no solo les permite operar impunemente, sino que también los ayuda a perpetuar sus crímenes.

El derecho a una tutela judicial efectiva se ha convertido en una burla. Se supone que este derecho garantiza un acceso real y efectivo a la justicia, pero en la realidad mexicana, las víctimas son sometidas a juicios interminables, llenos de trampas legales y dilaciones que no buscan más que desgastarlas emocional y económicamente. Este es el modus operandi de un Poder Judicial corrupto, que utiliza el retraso deliberado como una forma de violencia institucional. Esta es una táctica común en regímenes autoritarios: el proceso se alarga tanto que, cuando finalmente se llega a una resolución, la víctima está tan agotada y sin recursos que no puede continuar la lucha.

Este tipo de desigualdad procesal no es un simple error administrativo, sino una herramienta de opresión que ha sido normalizada dentro del sistema mexicano. En este sentido, el Poder Judicial se ha convertido en el brazo ejecutor del crimen organizado, utilizando sus tribunales y jueces como instrumentos de represión. El resultado es una naturalización de la injusticia, donde los ciudadanos han aprendido que no pueden confiar en el sistema para proteger sus derechos. Este es uno de los factores que ha llevado a México a convertirse en el tercer país con mayor crimen organizado en el mundo.

Como señala el filósofo Zygmunt Bauman, vivimos en una época de instituciones líquidas, donde las estructuras de poder ya no están cimentadas en principios sólidos, sino que son maleables y cambiantes según los intereses del momento. En México, el Poder Judicial ha adoptado esta forma de liquidez institucional, manipulando las reglas a su conveniencia y haciendo que el derecho pierda toda su estabilidad. La ley se convierte en un arma al servicio de los poderosos, una herramienta para mantener a las víctimas atrapadas en un ciclo de incertidumbre y desconfianza.

Este colapso de la legalidad es lo que el filósofo Giorgio Agamben describe como un estado de excepción, donde el poder suspende las normas legales para actuar impunemente. Lo que hemos visto en nuestro caso es una clara manifestación de este estado de excepción judicial, en el que las leyes no se aplican para garantizar la justicia, sino para proteger a aquellos que dominan el sistema. El Poder Judicial no sigue las reglas, sino que las modifica a su antojo, generando una anarquía arbitraria donde la legalidad y la ilegalidad se entremezclan sin distinción. Las víctimas quedan atrapadas en un limbo legal, sin ninguna certeza sobre cuál será el siguiente golpe que el sistema les asestará.

Finalmente, debemos hablar del impacto psicológico de este tipo de violencia sistémica. El desgaste emocional que sufren las víctimas de estos procesos es incalculable. No se trata solo de una batalla legal, sino también de una guerra emocional que destruye la confianza en las instituciones y erosiona la salud mental de quienes se atreven a enfrentarse al sistema. La incertidumbre constante, la manipulación de pruebas y la prolongación infinita de los juicios generan un nivel de estrés crónico que deja cicatrices profundas. Este tipo de opresión psicológica es una táctica diseñada para quebrar el espíritu de las víctimas, para que eventualmente se rindan y acepten su derrota ante el poder totalitario del Estado.

La ilusión de la justicia en México es justamente eso: una ilusión. Un espejismo que mantiene a las víctimas atrapadas en un sistema que no tiene intención de protegerlas, sino de utilizarlas como herramientas para legitimar su propio poder. La verdadera justicia no existe para los oprimidos, sólo para aquellos que controlan el sistema. Como hemos visto, el Estado mexicano se ha convertido en una fuerza criminal que actúa en connivencia con los intereses del crimen organizado. La justicia, tal como la conocemos, es solo una fachada detrás de la cual se esconde un mecanismo de opresión sistémica que destruye a quienes se atreven a desafiarlo.

Este juicio fue implementado con precisión, utilizando todos los recursos legales disponibles: amparos, apelaciones, contrademandas, entre otros. Sin embargo, a pesar de la estrategia legal meticulosa, es crucial que entiendas algo antes de embarcarte en una batalla legal: el costo del juicio es, en muchos casos, mayor que el valor de lo que estás intentando recuperar. Los gastos jurídicos asociados a este tipo de procesos pueden ser desorbitados y es probable que, al final, te encuentres en una situación donde hayas invertido más en el juicio que en lo que realmente intentabas defender o recuperar.

El sistema está diseñado para desgastar a las víctimas. El Poder Judicial y sus cómplices utilizan la táctica de alargar los juicios, estirándolos durante años para que agotes tus recursos y termines rindiéndote, incluso cuando tengas la razón. En nuestro caso, lo que debería haberse resuelto en menos de un mes se ha prolongado por más de cuatro años. Este es el tipo de violencia procesal que el sistema perpetúa: el tiempo es su mejor arma.

Por eso, uno de los aprendizajes más importantes es que no puedes confiar en los abogados ni en las instituciones sin ser tú mismo parte activa del proceso. Si decides iniciar un juicio, debes estar preparado para llevarlo por tu cuenta, apoyándote en herramientas de inteligencia artificial que te ayuden a entender las leyes y los procedimientos legales sin necesidad de depender ciegamente de un abogado. La inteligencia artificial, hoy en día, es capaz de leer las leyes y generar recursos básicos para que puedas defenderte de manera eficiente.

En este capítulo, hemos visto cómo la justicia en México se convierte en una herramienta manipulada por el crimen organizado y el Estado para opacar la verdad y oprimir a las víctimas. A través de maniobras legales, dilaciones procesales, y falsificaciones, el sistema busca desgastar a las víctimas y perpetuar la impunidad de los criminales. Si decides enfrentarte a este sistema, aquí tienes algunos consejos basados en lo que hemos aprendido a lo largo de este proceso:

1. La justicia no es rápida ni justa: La justicia expedita es una ilusión. Aunque las leyes establecen que los juicios deben resolverse en un tiempo determinado, en la práctica, los juicios pueden alargarse por años. Esto es parte de la estrategia del Poder Judicial para desgastar a las víctimas. Si estás enfrentando un juicio, no esperes resoluciones rápidas. Debes prepararte mental y emocionalmente para un proceso largo y tortuoso. Cada retraso que enfrentes es parte de la táctica del sistema para que pierdas recursos y paciencia.
2. El sistema judicial puede contradecirse y manipular la verdad: Uno de los grandes peligros del sistema judicial mexicano es que puede contradecirse sin consecuencias. Como vimos en el capítulo, la cosa juzgada, que es un principio fundamental del derecho, fue ignorada y manipulada para justificar decisiones ilegales. No confíes en que el sistema respetará sus propias leyes. Documenta todo, guarda cada prueba y cada resolución. Estar preparado para demostrar las contradicciones del sistema será tu mejor defensa, aunque sepas que no siempre se respetarán.
3. Los jueces no son imparciales: El mito de la imparcialidad judicial es otra de las ilusiones que este capítulo desenmascara. Los jueces están comprometidos con los intereses del crimen organizado y del Estado, y no con la justicia para las víctimas. Siempre asume que el juez está del lado de tu adversario, y actúa en consecuencia. No confíes en la buena fe de un juez ni esperes decisiones basadas en la ley. Prepara cada acción como si fueras a enfrentar la máxima hostilidad del sistema.
4. Las pruebas pueden ser fabricadas o desaparecidas: En nuestro caso, vimos cómo documentos desaparecieron del expediente, se inventaron falsos testimonios y se ignoraron pruebas cruciales. No des por sentado que las pruebas que presentes serán respetadas o valoradas correctamente. Asegúrate de tener copias certificadas de todo, y guarda registros fuera del sistema judicial. Si algo desaparece del expediente, asegúrate de tener la capacidad de reclamar con pruebas contundentes.
5. Los plazos son flexibles para el crimen organizado, no para las víctimas: Aunque las leyes mexicanas imponen plazos estrictos para los procedimientos judiciales, estos plazos no son respetados cuando el juez actúa en favor del crimen organizado. Sin embargo, si tú como víctima cometes el menor error o no cumples un plazo, serás castigado severamente. No dejes que te sorprendan los plazos. Verifica constantemente el estado de tu juicio y cumple cada fecha límite de manera rigurosa. El sistema buscará cualquier excusa para perjudicarte, así que no les des una oportunidad.
6. La justicia no es igual para todos: Este capítulo ha demostrado que la justicia en México no es igualitaria. El crimen organizado tiene todas las ventajas en el sistema judicial. Mientras que los criminales pueden cometer errores, retrasar sus respuestas o incluso no presentarse, las víctimas no tienen ese lujo. Si tú cometes un error, pierdes todo. En este sentido, es importante que comprendas que el sistema no está diseñado para protegerte. Prepara tu estrategia asumiendo que enfrentarás un entorno hostil e injusto.
7. La paciencia y la resiliencia son claves: La estrategia de desgaste que utiliza el sistema judicial tiene como objetivo que abandones tu lucha. Te enfrentarás a retrasos interminables, decisiones injustas y falsas esperanzas. Pero aquí es donde debes demostrar tu fortaleza mental. No te rindas. Recuerda que tu perseverancia es tu mayor arma. Aunque el sistema esté en tu contra, si mantienes el control de tu juicio y no permites que te desgasten emocional y financieramente, tienes más posibilidades de sobrevivir a este ataque.
8. No dependas únicamente de tu abogado: Ya lo mencionamos en el capítulo anterior, pero es crucial reiterarlo aquí: tu abogado no siempre estará de tu lado o podrá protegerte de todas las trampas del sistema. Asegúrate de ser parte activa del proceso. Si es posible, hazlo tú mismo con el apoyo de inteligencias artificiales que te ayuden a entender la ley y redactar documentos. El conocimiento es poder, y en este tipo de guerra judicial, cuanto más sepas y participes directamente, mejor te irá.
9. Prepárate para una estrategia de largo plazo: Como buen estratega, debes planificar a largo plazo. El Poder Judicial y los criminales que lo controlan buscarán alargar el juicio indefinidamente. Debes entrar en esta guerra con una mentalidad estratégica, sabiendo que no será una batalla rápida. Resiste, planea cada paso con anticipación, y nunca dejes que la frustración te haga cometer errores.
10. No esperes justicia, lucha por tu integridad: Quizás el aprendizaje más importante de este capítulo es que no debes esperar justicia del sistema mexicano. Si la obtienes, será por tu lucha, no porque el sistema lo permita. Lo más importante es que protejas tu integridad. La verdadera victoria es no dejar que te destruyan emocionalmente. Enfrenta cada desafío con la certeza de que ellos tienen todas las armas, pero tú tienes algo más valioso: tu fortaleza interior y tu moral. La justicia puede ser una ilusión, pero tu dignidad y determinación son reales.

No esperes justicia de un sistema diseñado para oprimirte; lucha por tu integridad con paciencia, estrategia y fortaleza, porque al final, lo único real que te queda es tu dignidad.

CAPÍTULO 5. A revolucionar la justicia

Como hemos visto en los capítulos anteriores, la razón por la cual México se ha convertido en el tercer país con mayor crimen organizado en el mundo no es solo por la existencia de estos grupos criminales, sino por la protección directa que reciben del Poder Judicial. En lugar de defender a las víctimas y garantizar un sistema justo, el Poder Judicial se ha convertido en un aliado de los criminales, perpetuando sus delitos bajo el manto de la impunidad.

Los criminales no solo permanecen libres, sino que continúan cometiendo más delitos, aprovechándose de las fallas sistémicas y de la corrupción institucionalizada. México sufre las consecuencias de este Estado fallido, donde la justicia es una ilusión y las verdaderas víctimas son condenadas a cargar con los crímenes de sus opresores.

La impunidad judicial en México ha dado lugar a una cascada de delitos brutales y sistemáticos. Las cifras son alarmantes: vivimos en un país donde la vida humana ha perdido valor y los crímenes más atroces se cometen a diario sin repercusiones significativas para los perpetradores. Entre los delitos más desgarradores que sufren las víctimas mexicanas se encuentran:

• Violaciones: La violencia sexual es un problema alarmante en México. Las víctimas, la mayoría mujeres y niñas, se enfrentan a un sistema que no les ofrece protección ni justicia. Los violadores, amparados por la ineficacia judicial, siguen actuando con total libertad, sabiendo que es poco probable que enfrenten consecuencias legales.
• Feminicidios: México está inmerso en una crisis de violencia de género. Los feminicidios son una de las formas más terribles de violencia, donde las mujeres son asesinadas simplemente por su condición de género. El Poder Judicial, con sus demoras y su falta de acción, es responsable de la perpetuación de esta tragedia que cobra miles de vidas cada año.
• Desapariciones forzadas: Cada vez son más las personas que desaparecen sin dejar rastro. Miles de familias viven con la agonía de no saber qué pasó con sus seres queridos. El Estado mexicano, en complicidad con el crimen organizado, facilita estas desapariciones mediante la guerra judicial, donde las víctimas son silenciadas y sus familias dejadas en el olvido.
• Homicidios: Los asesinatos son otra realidad que México enfrenta a diario. Cárteles de drogas, corrupción política y delincuencia organizada están detrás de la mayor parte de estos homicidios. Los jueces corruptos permiten que los autores de estos crímenes sigan operando, mientras las víctimas y sus familias claman por justicia.
• Trata de personas y esclavitud moderna: México es un país donde la trata de personas se ha convertido en una industria lucrativa para los criminales, quienes secuestran y explotan a mujeres, niños y hombres. El sistema judicial, lejos de desmantelar estas redes, muchas veces facilita su operación mediante corrupción y negligencia.

Estas son solo algunas de las consecuencias que sufrimos a diario por la complicidad entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el crimen organizado. El sistema está diseñado para proteger a los poderosos y castigar a los débiles, perpetuando el ciclo de violencia y opresión.

La justicia en México no se distribuye equitativamente, sino que se utiliza como un arma para garantizar que los privilegios de la clase opresora continúen intactos. El Poder Judicial ha fallado sistemáticamente en su deber de proteger a las víctimas y castigar a los criminales. Este es el punto de partida para la revolución de la justicia: la reconstrucción de un sistema que sea verdaderamente del pueblo, para el pueblo, y que no permita que los criminales y corruptos continúen destruyendo nuestro país desde las sombras.

Es hora de dejar de vivir con miedo en México. Como lo hemos visto a lo largo de este libro, la justicia no es más que una ilusión creada para proteger a los poderosos y oprimir a los vulnerables. Las reformas que se han propuesto no cambiarán la estructura profundamente corrupta del sistema judicial. Aunque algunas reformas pueden ofrecer pequeños avances, como la eliminación de ciertos jueces, estos cambios son insuficientes y no abordan el problema estructural que perpetúa la impunidad.

Un claro ejemplo de esto es el caso de la jueza María Elena Palomino Reyna, quien, a pesar de haber cometido delitos graves desde su posición judicial, no solo no fue castigada, sino que fue promovida al cargo de Magistrada Supernumeraria del Supremo Tribunal de Justicia. Este es un ejemplo perfecto de cómo el actual Poder Judicial premia a los criminales en lugar de castigarlos. En lugar de ser un sistema que proteja al pueblo, el Estado mexicano ha diseñado una estructura donde los jueces y magistrados corruptos son ascendidos a puestos de mayor poder y responsabilidad.

El pueblo mexicano no solo sufre las consecuencias de esta corrupción, sino que es forzado a financiarla. El mismo Estado que nos oprime nos obliga a pagar impuestos que se destinan a financiar los salarios de estos jueces y magistrados que destruyen nuestra integridad. Es decir, estamos financiando a quienes nos oprimen, a quienes protegen al crimen organizado, y a quienes perpetúan las condiciones de violencia y miseria en nuestro país.

Esto no puede seguir así. No necesitamos más reformas. Necesitamos una revolución. Las reformas, en el mejor de los casos, son parches en un sistema que está roto en su esencia. Las reformas no cambian la estructura de poder ni las alianzas profundas entre el Estado y el crimen organizado. Cambian algunas caras, pero el sistema sigue intacto. El poder opresor sigue en manos de quienes buscan proteger sus intereses, y las víctimas siguen siendo las mismas: el pueblo mexicano.

La revolución que necesitamos no es violenta, ni debe serlo. Ya hemos visto que la violencia solo perpetúa más violencia, y cualquier intento de cambiar el sistema mediante el uso de la fuerza solo nos llevaría a otro ciclo de opresión. La revolución pacífica es la única vía hacia una justicia verdadera. No podemos esperar a que el mismo sistema que nos oprime nos libere; debemos actuar como pueblo para reclamar nuestra justicia.

Esta revolución no es una llamada a las armas, sino una llamada a la conciencia. La verdadera revolución empieza en la mente y el corazón de cada ciudadano. Implica cuestionar el sistema, rechazar la corrupción, y exigir transparencia y equidad. Implica movilizarse pacíficamente, organizarse para protegernos mutuamente y crear redes de apoyo que no dependan de un sistema corrupto. El poder popular es nuestra arma más fuerte, y cuando el pueblo se une con un propósito común, ni el Estado ni el crimen organizado pueden detenernos.

No podemos esperar que las reformas funcionen. Ya hemos visto que las reformas son solo una cortina de humo para mantener las cosas como están. Necesitamos revolucionar la justicia desde sus cimientos, y eso solo se logrará si el pueblo toma el control de su propio destino. La revolución que proponemos es una revolución de conciencia, una donde no sigamos alimentando con nuestra confianza un sistema que solo nos traiciona.

Es hora de tomar las riendas de nuestro futuro. El célebre poeta Dante Alighieri, en su obra maestra La Divina Comedia, destinó a los indecisos, aquellos que no tomaron decisiones firmes en vida, al vestíbulo del infierno. Estos espíritus, que no hicieron ni el bien ni el mal, no fueron dignos ni del cielo ni del infierno. Esta imagen es clara y poderosa: no actuar es, en sí mismo, un acto que perpetúa la injusticia. Si no luchamos, somos parte del mismo sistema que buscamos cambiar, pues un pueblo silenciado es el mayor aliado de un Estado opresor.

En México, hemos visto que la justicia no sirve al pueblo. Sirve al crimen organizado y a los poderosos. Y si no hacemos nada, si nos quedamos en la pasividad, somos cómplices de este sistema. La opresión que sufrimos diariamente, las injusticias que enfrentamos, solo pueden perpetuarse si nosotros, el pueblo, no tomamos una decisión. Callar frente a la injusticia es permitir que siga ocurriendo, es darle poder al opresor para que continúe con su agenda de violencia y corrupción.

Hoy, estamos ante una encrucijada. Tenemos dos opciones: permitir que la justicia siga protegiendo al crimen organizado y que los mexicanos sigamos viviendo con miedo, viendo cómo nuestras vidas, nuestros derechos y nuestra dignidad son destruidos. O, por otro lado, podemos tomar la decisión de unirnos a una revolución pacífica de la justicia. Esta revolución no será fácil, pero es la única opción si queremos recuperar el control de nuestras vidas y vivir en un país sin miedo.

Cada uno de nosotros debe elegir de qué lado de la historia quiere estar. Podemos ser los indecisos de Dante, condenados a vagar sin rumbo en el vestíbulo del infierno, o podemos ser los constructores de un nuevo México, un México donde la justicia no sea una ilusión, sino una realidad tangible para todos.

Para llevar a cabo la revolución de la justicia, debemos usar un enfoque estratégico y metódico: aplicar la ingeniería inversa. Esto significa que necesitamos analizar y descomponer las estrategias que el sistema anglosajón ha utilizado a lo largo del tiempo, estrategias que han sido copiadas y perfeccionadas por el crimen organizado en su colaboración con el Estado mexicano para imponer sus intereses. Entender cómo operan estas dinámicas de poder es clave para desmontarlas y transformarlas.

En los últimos ocho años de guerra judicial, el Estado mexicano ha utilizado sus recursos, tanto legales como ilegales, para oprimirnos. Mi madre, mi padre (asesinado en su lucha por la democratización de la educación), y yo hemos sido víctimas de un sistema que, en lugar de protegernos, nos ha atacado sistemáticamente. Sin embargo, a través de este doloroso proceso, hemos logrado documentar y entender cómo opera la maquinaria de opresión que sostiene al crimen organizado y a la clase opresora en México.

Este conocimiento es esencial para diseñar una estrategia pacífica que pueda realmente revolucionar la justicia en nuestro país. Sabemos cuáles son las herramientas que el Estado y el crimen organizado han utilizado para oprimir y silenciar a quienes buscan justicia. Ahora, podemos revertir su impacto y construir una nueva visión de justicia que sirva al pueblo y no a los intereses criminales.

La ingeniería inversa implica descomponer sus tácticas y usarlas en su contra. Algunas de estas estrategias incluyen:

PRIMERO. Contar nuestras historias y apoyarnos

El Estado mexicano ha utilizado vastos recursos para silenciarme y suprimir cualquier intento de exponer sus crímenes. Cuando se dieron cuenta de que estaba documentando las atrocidades cometidas por el Poder Judicial y el crimen organizado, particularmente con respecto a la Universidad Abierta, tomaron medidas extremas. El ataque comenzó cuando descubrieron que las pruebas de estos crímenes estaban almacenadas en la página web UniversidadAbierta.edu.mx. Lo que hicieron fue verdaderamente impresionante y aterrador: contrataron hackers profesionales para eliminar estas pruebas de manera quirúrgica.

El servidor donde se alojaba la página web de la universidad estaba en Houston y realizaba respaldos automáticos cada cierto tiempo. Contaba con hasta cuatro copias de seguridad, lo que en teoría debería proteger cualquier contenido. Sin embargo, los hackers del Estado encontraron una forma de infiltrarse en el servidor sin dejar rastro alguno. Borraron todas las evidencias justo antes de que se realizara un respaldo automático, y luego las restauraron inmediatamente después del respaldo. El resultado fue que las pruebas desaparecieron sin que nosotros nos diéramos cuenta hasta que fue demasiado tarde. Para cuando queríamos acceder a ellas, ya no existían. Adivina qué: justo ese día, el Poder Judicial dictó sentencia a favor del crimen organizado, argumentando que las pruebas no existían, cuando sabíamos que sí estaban ahí antes del hackeo. Esta fue una clara señal de que el ataque fue orquestado por el Estado, un hackeo extremadamente bien ejecutado.

También, comenzaron a bloquear nuestras redes sociales, como Facebook e Instagram. Estas plataformas, que en teoría deberían estar dedicadas a la libertad de expresión, colaboraron ilegalmente con el Estado para silenciarnos. Pero no debería sorprendernos. Al final del día, estas redes sociales replican las narrativas pagadas por los poderosos, sin importar la verdad o la justicia. Son plataformas que se alimentan del dinero y la influencia de ciertos grupos.

Con esta experiencia, ingenuamente pensé que en TikTok, al ser una red social China, no tendría estos problemas de censura. Sin embargo, me equivoqué. La opresión no diferencia entre modelos económicos: tanto el modelo anglosajón como el nuevo modelo económico chino se alinean cuando se trata de silenciar a quienes cuestionan el poder. Mis videos fueron borrados, me bloquearon, y lo más ridículo de todo es que dijeron que mi voz tenía derechos de autor, lo cual utilizaron como excusa para eliminar el sonido de mis videos. Esto muestra hasta dónde llegan para silenciar la verdad.

Incluso en los tribunales, cuando he hablado con la verdad en los juicios, jueces y magistrados me han amenazado con sanciones si continuaba diciendo lo que sabía. Me dijeron que no podía decir la verdad, y si seguía haciéndolo, me enfrentarían a multas y agresiones. En un intento extremo por silenciarme, un día me desaparecieron. Fue solo gracias a la intervención del Consulado de Argentina (por lo cual estoy eternamente agradecido) que lograron salvar mi vida.

Estos actos de intimidación y censura demuestran el gran miedo que tiene el Estado mexicano a que las personas cuenten sus historias. Tienen miedo de que la verdad salga a la luz y exponga su corrupción, sus crímenes, y su colusión con el crimen organizado. Por eso el primer paso en esta revolución es escribir nuestras historias.

Escribir nuestras historias es un acto poderoso y subversivo. Cada vez que alguien cuenta lo que ha vivido, está rompiendo el silencio que el Estado quiere imponer. Está creando un registro de las injusticias que otros intentan borrar. Escribir nuestra historia no solo es resistir, sino también dar voz a los silenciados. Es la forma más efectiva de contrarrestar el miedo, porque cada palabra escrita es una prueba más que no podrán eliminar. Nuestra verdad se convierte en una fuerza imparable cuando la compartimos, cuando nos negamos a ser silenciados.

Pero no basta con escribir nuestras propias historias; también debemos leer las historias de los demás. Así como nuestras experiencias son únicas, también lo son las de otros. Al leer lo que otros han vivido, creamos una comunidad de resistencia, una red de apoyo que se fortalece a través del conocimiento compartido. Las historias de otros nos enseñan, nos inspiran y nos recuerdan que no estamos solos. Cada historia es una pieza del gran mosaico de opresión que vive el pueblo mexicano, y solo al unir esas piezas podemos tener una visión clara de la magnitud del problema.

Contar nuestras historias y apoyarnos mutuamente no solo nos da fuerza individual, sino que también nos permite crear un movimiento colectivo. Porque, al final, el poder del pueblo está en su unidad, y esa unidad comienza cuando compartimos nuestras experiencias. Así que no tengas miedo de contar tu verdad, porque cada historia es un paso más hacia la revolución pacífica que necesitamos.

Es muy importante contar las historias porque a la persona que esté leyendo y esté pasando por un momento difícil, le va a ayudar mucho.

El sistema judicial y el Estado tienen una estrategia bien calculada: culpabilizar a las víctimas. Nos quieren hacer creer que, de alguna manera, somos responsables de lo que nos pasa, de las injusticias que sufrimos. Pero eso es una mentira. Nosotros no somos las víctimas, y lo más importante es que debemos creerlo. Nos lo repiten tantas veces, nos oprimen de tantas maneras, que llegamos a dudar de nosotros mismos.

La canción de LasTesis captura perfectamente esta situación:

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía… el violador eres tú. El violador eres tú. Son los pacos (policías), los jueces, el Estado, el presidente.” – LasTesis, Un violador en tu camino.

Esta frase no sólo denuncia los crímenes sexuales, sino que desenmascara a todo un sistema de opresión. Los culpables no son las víctimas, los culpables son los policías, los jueces, el Estado, el presidente. Nos hacen creer que fallamos, que cometimos errores, que somos responsables de los abusos que sufrimos. Pero no, la culpa no es nuestra. La culpa es de aquellos que sostienen un sistema corrupto, que protege a los criminales mientras castiga a quienes se defienden.

Contar nuestra historia no solo nos libera a nosotros mismos, sino que tiene el poder de empoderar a otros. Al compartir lo que hemos vivido, estamos ayudando a otras personas que están pasando por lo mismo, diciéndoles: Tú no eres culpable. No estás loco, no estás mal, no es tu culpa haber sido víctima de un sistema que perpetúa la impunidad. La culpa es del sistema. Es un acto de rebelión y de resistencia donde juntos gritamos: “El sistema es el culpable, no tú.”

Cuando alguien lee nuestra historia, puede encontrar en ella un refugio, una esperanza. Puede ser el impulso que necesita para dejar de culparse a sí mismo y entender que el verdadero problema es la injusticia que está enraizada en el sistema. A veces, solo necesitamos escuchar que no estamos solos, que alguien más ha pasado por lo mismo y ha sobrevivido. Eso nos da fuerza.

Contar nuestras historias, escribirlas, compartirlas, es un acto de sanación colectiva. Nos recordamos a nosotros mismos, y a los demás, que no estamos equivocados. Que el sistema es el que está podrido. Y, al hacerlo, ayudamos a cambiar la narrativa de culpa individual por una de resistencia y lucha colectiva.

No subestimes el poder de tu historia. Cada palabra es un acto de resistencia, un grito de verdad que el Estado no puede silenciar. Tú no eres culpable. Nosotros no somos culpables. El sistema es el que está fallando.

Ahora el sistema va a intentar callarte. Pero hay un método rápido y efectivo: publica tu libro. Hoy en día, puedes apoyarte en inteligencias artificiales que te ayuden con la redacción, ortografía o estructura, para que tu mensaje sea claro y contundente. Una vez que tengas tu libro listo, ve a Amazon para publicarlo. Aunque Amazon se lleva la mayoría de las ventas, el objetivo no es el dinero, sino ser escuchados.

Una vez que un libro está publicado, es muy difícil silenciarlo. A diferencia de las redes sociales, que se manipulan fácilmente, o los medios de comunicación, que están completamente vendidos, un libro permanece. Por eso, te invito a que escribas tu historia, que uses herramientas como ChatGPT para ayudarte en el proceso. Y luego, publica tu libro.

Cuando lo hagas, avísame para que pueda comprarlo y leerlo. Estamos juntos en esto, y nuestras voces, unidas, son más fuertes que cualquier intento de silenciarnos.

SEGUNDO. Aislar a las víctimas.

El primer paso de la guerra judicial es transformar a las víctimas en opresores a los ojos de la sociedad, para justificar las agresiones que van a sufrir después. En el caso de Casillas, fabricaron la historia de que yo inventé una querella en su contra, transformándome a mí en un opresor y a él en una víctima. Esta táctica de distorsionar la verdad se utiliza para debilitar a quienes se enfrentan al sistema.

Del mismo modo, en esa época, la Comisión Estatal de Derechos Humanos difundía la narrativa de que yo había metido a mi padre en la cárcel y quien sabe que otras cosas. Y cuando mi padre fue asesinado, comenzaron a decir que yo lo había asesinado (a pesar de que vivía en Cabo San Lucas, lo cual era imposible). El nivel de las mentiras que crea el Estado Mexicano es absurdo.

Además, nos fabricaron un caso en el que supuestamente habíamos intentado asesinar a cinco policías. Gracias a la intervención del Consulado de Argentina, que nos rescató de este vil ataque del Estado Mexicano, logramos salvarnos. Sin embargo, en respuesta, la Fiscalía lanzó un comunicado donde nos acusaban de ser criminales que disparaban contra la policía. Los medios de comunicación replicaron esta noticia sin cuestionarla, sirviendo como amplificadores de la narrativa estatal.

Podría contarte muchas más fabricaciones del Estado para dejarnos aislados. Sin embargo, nosotros no debemos caer en la oscuridad. A pesar de estas agresiones, seguimos manteniendo nuestra alma noble. No hemos vendido nuestra alma a la corrupción ni al mal, y no debemos hacerlo en esta revolución pacífica. Nuestra alma es inmortal, mientras que nuestro cuerpo solo dura unos años. Por eso, no vale la pena corromperse en el proceso.

¿Qué podemos hacer? Aislar a los opresores. Después de leer o escuchar las historias de quienes han sufrido, debemos hacer una lista de aquellos que son parte del sistema opresor. A estas personas, debemos aislarlas. Si tienes un amigo que ha violado a alguien, no le abras más la puerta. No sigas apoyando un sistema patriarcal que ve a las mujeres como objetos. Para eso que se compre un juguete sexual, y que se ocupe solo. Si ese “amigo” ha cometido este tipo de actos, no le hables más. Lo mismo aplica para los familiares. Si tienes un tío que golpea a su esposa, deja de hablarle. El objetivo es aislar a todos los opresores.

Es un paso importante en nuestra revolución pacífica. No podemos permitir que el mal siga ganando fuerza en nuestras relaciones y círculos cercanos.

Esto es algo profundamente impactante. Somos seres humanos, y como tales, somos seres sociales. Nuestra genética nos impulsa a convivir con otras personas, a formar parte de una comunidad. Desde el inicio de nuestra especie, el ser humano ha sobrevivido en grupos, dependiendo de la colaboración, el apoyo mutuo y la interacción constante. Aislar a alguien va en contra de nuestra naturaleza más profunda. La historia misma nos muestra que las sociedades antiguas que sobrevivieron y prosperaron fueron aquellas donde la comunidad era el pilar central. La evolución social ha sido una adaptación constante a vivir en comunidad. La soledad impuesta es una tortura psicológica que rompe la estructura básica de nuestro ser.

Cuando el Estado aisla a las víctimas, las consecuencias para su salud mental son devastadoras. Yo soy resultado de eso. Después de enfrentar tantos ataques, aislamiento y traiciones, mi capacidad de convivir con otras personas ha desaparecido, incluso aunque lo desee. Vivo en un estado constante de paranoia, siempre preguntándome cuándo me van a traicionar o si me van a vender al Estado. El aislamiento ha provocado que me distancie aún más de la sociedad, incluso inconscientemente. Ya no tengo las habilidades para asistir a una reunión de amigos ni para soportar conversaciones largas por WhatsApp.

El aislamiento impuesto, al ir en contra de la naturaleza social humana, provoca enormes daños. Nos transforma, nos despoja de nuestra capacidad para formar vínculos saludables y nos empuja al límite de la soledad extrema. Esto es lo que los opresores buscan lograr al aislar a las víctimas: quebrar su resistencia, debilitar su espíritu, y destruir su conexión con el mundo.

Sin embargo, así como los opresores aislan a las víctimas, nosotros ahora debemos aislar a los opresores. Debemos dejar un mensaje claro: si alguien agrede a otro ser vivo, lo vamos a aislar. Esta persona vivirá con las consecuencias de sus acciones. Debemos ser firmes, no permitiendo que las injusticias queden impunes.

Cuando alguien cometa un crimen, como la violación, debe saber que aunque no vaya a la cárcel, nosotros lo vamos a aislar. Seremos la voz de las víctimas y les haremos justicia de una forma clara: el aislamiento social. Debemos hacerles entender que todo acto criminal tendrá consecuencias. No podemos depender únicamente de las instituciones corruptas para castigar a los culpables, pero podemos hacer algo aún más poderoso: retirarles el apoyo social y dejarlos solos con sus actos.

Hemos visto cómo el aislamiento ha sido una herramienta clave del Estado para destruir a las víctimas. Lo que el Estado busca con esta táctica es despojar a las personas de su red de apoyo, debilitarlas emocionalmente y dejarlas indefensas. Ahora, nosotros debemos darle la vuelta a esa estrategia. El aislamiento social no es solo una herramienta que los opresores pueden utilizar contra nosotros, también puede ser nuestra arma para transformar la justicia.

Aislar a los opresores no es un acto de venganza, es un acto de justicia social. El objetivo es que aquellos que cometen crímenes y violaciones graves no encuentren aceptación en la sociedad. No les permitiremos seguir con su vida como si nada hubiera pasado, mientras las víctimas cargan con las cicatrices. Si alguien ha sido partícipe de actos atroces como violación, maltrato físico, corrupción o cualquier forma de abuso, lo aislarán de la comunidad. Como sociedad, debemos cortar todo tipo de apoyo, interacción y respaldo a los criminales.

Este tipo de justicia social no depende de tribunales ni de jueces corruptos; depende de nosotros, de nuestras decisiones diarias. Si tienes un amigo que ha cometido un crimen, como violar a una mujer, y tú sigues manteniendo una relación con esa persona, estás siendo cómplice. No puedes seguir apoyando a alguien que ha destruido vidas, que ha perpetuado el sufrimiento. Hay que entender que cualquier forma de contacto con estas personas es una forma de mantener el círculo de impunidad.

Lo mismo ocurre dentro de la familia. Si tienes un tío que golpea a su pareja y no haces nada, si lo sigues aceptando en las reuniones familiares, entonces estás permitiendo y validando su comportamiento. Debemos ser claros: aislar a los opresores es la única manera de debilitar el sistema de impunidad que ellos mismos han creado.

Aislar no significa condenar a muerte ni fomentar el odio. Significa hacer justicia de manera efectiva al no permitir que los criminales vivan sus vidas sin consecuencias. Debemos privarlos del acceso a la comunidad, de los lazos sociales que los protegen, para que entiendan el peso de sus acciones. Si el sistema judicial no los castiga, nosotros lo haremos de la única forma que podemos: retirándoles el apoyo y la aceptación que les da poder.

La estrategia de aislamiento tiene un objetivo claro: hacer que los criminales sientan el impacto de sus acciones al ser rechazados por la sociedad. No se trata de una venganza ni de un acto violento. Es una forma de revolucionar la justicia desde nuestras decisiones cotidianas. Cuando comenzamos a aislar a los opresores, les enviamos un mensaje claro: en nuestra sociedad no hay espacio para aquellos que destruyen vidas. De esta manera, aunque el Estado no actúe, nosotros podemos hacer justicia.

La revolución de la justicia no depende únicamente de reformas políticas o cambios en el sistema legal. Empieza con nosotros. Empieza cuando nos comprometemos a rechazar a quienes cometen crímenes y a apoyar a las víctimas. Cada pequeño acto de rechazo hacia los opresores es un paso hacia una sociedad más justa.

Es hora de que los criminales sepan que no vivirán en impunidad, porque si el sistema no los castiga, nosotros los aislaremos.

TERCERO. Dejar de actuar económicamente con los opresores: Privarlos de sus recursos económicos

El tercer paso para revolucionar la justicia es cortar los recursos económicos de aquellos que perpetúan la opresión. Los opresores, sin el acceso a los recursos necesarios, no podrán seguir explotando, abusando ni violando los derechos de los demás. Sin dinero, perderán gran parte de su poder, y se verán obligados a centrarse en sus necesidades básicas de supervivencia. Este es un punto clave, ya que la opresión no es una necesidad para la supervivencia humana. Es una herramienta de control, y para romper ese ciclo de abuso, debemos privar a los opresores de los recursos que les permiten ejercer su dominio.

He aprendido esta lección de manera personal durante la guerra judicial en la que me ha involucrado el Estado Mexicano. Han realizado graves actos ilegales y criminales para quitarme los recursos que necesito para sobrevivir y sostener mi lucha. Uno de los ejemplos más claros es cómo fabricaron un supuesto problema en mi maquila en Tierra Nueva para impedirme producir las prendas de TriFerrari, mi emprendimiento. Esto no fue más que una estrategia para bloquearme económicamente y debilitarme hasta la asfixia financiera.

El Estado ha ido aún más lejos. En dos ocasiones, bloquearon ilegalmente mis cuentas bancarias, dejándome sin acceso a mi propio dinero. Aunque se declaró la inconstitucionalidad de los bloqueos, algunas cuentas siguen bloqueadas hasta hoy, demostrando cómo el sistema puede ignorar impunemente la ley cuando se trata de castigar a los que luchamos contra la injusticia.

Además, han orquestado una campaña para sabotear mi publicidad en redes sociales, utilizando su influencia para que plataformas como Facebook bloquearan mis anuncios de TriFerrari, lo que afectó gravemente mi capacidad para operar. Inventaron multas para cargarme con deudas que no debía, y utilizaron el IMSS junto con la policía para invadir mi taller ilegalmente, robando un plotter de impresión y deteniendo mi producción en TriFerrari. A pesar de que se demostró la ilegalidad de estos actos, el Estado sigue cometiendo crímenes sin sufrir consecuencia alguna.

Todo esto forma parte de una estrategia bien calculada. Si le quitas los recursos económicos a tu oponente, este se verá obligado a concentrar sus esfuerzos en sobrevivir en lugar de seguir luchando. Sin dinero, no pueden continuar sus agresiones ni sus abusos, ya que estarán ocupados tratando de satisfacer sus necesidades básicas.

Lo que el Estado me hizo a mí es exactamente lo que nosotros debemos hacer a los opresores. Debemos privarlos de sus recursos económicos, evitar comprar sus productos, contratar sus servicios o de cualquier manera contribuir a su prosperidad financiera. Si dejamos de actuar económicamente con ellos, rompemos la fuente de su poder. No pueden abusar del poder que ya no tienen. Esta es una táctica no violenta, pero extremadamente poderosa.

Cuando la sociedad en su conjunto deje de alimentar económicamente a aquellos que cometen abusos, los opresores verán sus opciones reducidas y se verán obligados a replantearse sus acciones. No es necesario actuar con violencia para poner fin a sus abusos; simplemente necesitamos cortar el flujo de dinero que les permite sostener sus prácticas opresivas.

La estrategia es muy efectiva. Yo tuve que sacrificar mucho para continuar protegiendo mi integridad del crimen organizado junto con los ataques del Estado. A lo largo de mi lucha, he perdido más defendiendo mis derechos que lo que he dejado de ganar con mi emprendimiento, TriFerrari. El costo ha sido altísimo. Sin embargo, justo en este sacrificio radica la clave de la revolucionaria justicia que estamos buscando. Debemos aplicar la misma lógica que el Estado utilizó en mi contra, pero esta vez, para frenar a los opresores y criminales que se benefician de la impunidad.

Si alguien está pensando en cometer un crimen, debe saber que como pueblo y como comunidad nos vamos a unir para bloquearlo económicamente. Como emprendedores, empresarios y ciudadanos comprometidos con la justicia, debemos hacer un pacto social: no contratar a opresores ni a quienes hayan violado la integridad de otros. Este compromiso será la base de nuestra lucha pacífica para cortar los recursos económicos de aquellos que el sistema judicial protege, pero que nosotros, como sociedad, podemos aislar.

Si el opresor tiene un emprendimiento, una empresa o algún tipo de negocio, nos comprometemos a no comprar ni adquirir sus bienes o servicios. Con esta acción coordinada y consciente, aplicaremos una presión directa sobre su capacidad de generar ingresos. Le haremos lo mismo que el Estado me hizo a mí: reducir sus ingresos al punto de que se vea obligado a enfocarse en su propia supervivencia económica, dejando de lado sus acciones opresivas.

Este es el corazón de la revolución pacífica de la justicia. Cuando un individuo considere cometer un crimen o abusar de su poder, debe saber que, aunque el Poder Judicial lo proteja, la sociedad unida lo bloqueará económicamente, cortando su acceso a los recursos necesarios para su supervivencia. El miedo a perder todo lo que ha construido, a no poder generar ingresos, a no poder subsistir, lo hará pensar dos o tres veces antes de cometer su acto criminal.

Así, la próxima vez que un opresor crea que puede actuar sin consecuencia alguna, debe saber que la justicia comunitaria se impondrá, y que quedará bloqueado, aislado y sin acceso a los medios económicos que le permiten mantener su poder. No necesitamos violencia ni confrontación directa; simplemente, debemos unirnos y aplicar las mismas tácticas que el Estado utiliza para proteger a los criminales, pero esta vez, para proteger a las víctimas.

Este es el camino hacia una verdadera revolución pacífica de la justicia, una donde el poder económico de los opresores quede neutralizado y donde el pueblo pueda alzar su voz, actuando colectivamente para crear un México más justo y seguro para todos.

La estrategia es clara y contundente: dejar sin recursos a quienes buscan oprimir y dañar. Al cortarles el acceso al capital económico, estamos eliminando una de sus herramientas más poderosas: la capacidad de actuar sin temor a represalias. Esta estrategia no solo es efectiva, sino que tiene un impacto profundo en la manera en que los criminales y opresores manejan sus vidas. Sin recursos, no pueden financiar su impunidad. Estarán tan preocupados por satisfacer sus necesidades básicas que no tendrán la capacidad ni los medios para seguir perpetuando la opresión.

Además, esta forma de justicia económica nos permite desmantelar el sistema de impunidad desde la base. Si los opresores saben que no podrán seguir beneficiándose de la protección del Estado ni de sus crímenes sin enfrentar consecuencias económicas, la estructura que sostiene el crimen organizado y la corrupción estatal comenzará a fracturarse. Nosotros, como ciudadanos y actores económicos, tenemos el poder de influir en el comportamiento de estos individuos al rechazar cualquier tipo de interacción económica con ellos.

Por eso, es crucial que esta estrategia se extienda a nivel comunitario. Debemos ser conscientes de nuestras decisiones económicas. Cada peso que gastamos, cada producto o servicio que compramos, debe reflejar nuestro compromiso con la justicia. Si apoyamos económicamente a un opresor, nos convertimos en cómplices de su violencia. Pero si, en cambio, decidimos cortar ese lazo, lo debilitamos y le enviamos un mensaje claro: en nuestra sociedad, quien oprime, quien viola, quien abusa, no tiene cabida.

Este no es un camino fácil, y hay que ser conscientes de que tomará tiempo. Los opresores se resistirán, el sistema judicial corrupto tratará de protegerlos y mantener el status quo. Pero si permanecemos unidos, si actuamos como una comunidad con un propósito firme y claro, nuestro poder colectivo será mayor que cualquier defensa que el crimen organizado o el Estado puedan levantar.

En esta revolución pacífica, la clave está en la unidad y en la acción colectiva. Al cortar los lazos económicos con los opresores, estamos recuperando el control sobre nuestras vidas y nuestras comunidades. Estamos diciendo que no necesitamos esperar a que el Estado actúe —porque sabemos que no lo hará—. Nosotros somos la justicia, y nosotros somos quienes pondremos fin a la impunidad.

Cada pequeño acto de resistencia económica es un paso hacia la libertad, un paso hacia una justicia verdadera. Y aunque el camino es largo, debemos recordar que nuestra fuerza no reside en las armas ni en la violencia, sino en nuestra voluntad de cambiar el sistema desde dentro, sin caer en las mismas tácticas corruptas que han devastado nuestro país.

Así que, la próxima vez que veas a un opresor en tu comunidad, no le ofrezcas tu mano, no compres sus productos, no apoyes su negocio. Deja que su poder se desvanezca, que su influencia se disuelva, y que sienta el peso de sus actos en cada aspecto de su vida. De esta manera, habremos iniciado una revolución pacífica que, sin derramar una gota de sangre, cambiará el rumbo de la justicia en México para siempre.

Lo anterior no solo aplica a los opresores directos, sino también a las personas que protegen, encubren y facilitan sus actos criminales. En particular, debemos prestar atención a aquellos que, bajo el manto de la legalidad, se convierten en cómplices de estos crímenes. Con la reciente reforma judicial, es crucial que todos conozcamos quiénes son los jueces y magistrados corruptos, para poder aislarlos socialmente y evitar que sigan ascendiendo en el sistema. No debemos permitir que estas personas, responsables de traicionar la justicia, se postulen o participen en procesos democráticos de elección.

De hecho, es necesario ir un paso más allá: iniciar campañas públicas de verdad, exponiendo los crímenes y actos de corrupción que estos jueces han cometido. Que quede claro que su lugar no es en un tribunal o en una boleta electoral, sino en la cárcel, donde deben pagar por sus crímenes. Esta presión social no solo tendrá el efecto de frenar sus carreras, sino que también enviará un mensaje claro a los demás jueces: si se corrompen y traicionan al pueblo, la justicia revolucionaria del pueblo les caerá encima.

Con esta estrategia, los jueces y magistrados sabrán que si se pasan de descarados en sus actos de corrupción, la gente los denunciará públicamente y serán socialmente bloqueados. No podrán continuar con sus carreras ni sus crímenes sin que haya consecuencias. La revolución de la justicia no es solo una cuestión de leyes, es una cuestión de cambiar la dinámica social, de hacer que la verdad salga a la luz y de que los criminales sepan que, aunque no siempre podemos confiar en el sistema legal, el pueblo unido tiene el poder para ejercer una verdadera justicia.

EPÍLOGO

Si quieres contar tu historia, estamos aquí para apoyarte, dentro de nuestras limitadas capacidades, con ideas para tu libro o simplemente escucharte. Recuerda que hoy, la tecnología está de tu lado, y puedes utilizar herramientas como la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, para ayudarte en la redacción, estructura, ortografía y organización de tu libro. La escritura puede ser una herramienta poderosa para liberar tu voz y exponer lo que has vivido.

Si decides unirte a la revolución de la justicia, te damos permiso para copiar y pegar el capítulo 5 en tu libro, para que sigas propagando la palabra de esta causa (recuerda citarnos). La revolución no se trata solo de grandes gestos, sino de compartir nuestras experiencias y darle un nuevo sentido a la justicia, uniendo nuestras voces para desmantelar el sistema que protege a los opresores.

Te deseamos todo el éxito en tu camino. No olvides que no es tu culpa, no estás solo, no estás mal, no estás loco. Como decía Krishnamurti: “No es signo de buena salud estar adaptado a una sociedad profundamente enferma.” Mantén tu alma pura, no caigas en la corrupción ni trates de obtener ventajas procesales a costa de tus valores. Tu alma es inmortal, y protegerla es el verdadero triunfo en medio de esta lucha.

OPRESORES EN EL PRESENTE CASO

Actor principal: César Raúl Casillas Castañeda, cuyo negocio es Casa Regina 

Nuestra abogada: Rita Fortuna Tobias

Poder Judicial: María Elena Palomino Reyna

Juan David Ramos Ruiz

Ma. Guadalupe Orozco Santiago

Alma Delia González Centeno

Sara Hilda González Castro

Abogados de Casillas (sin conocer el grado de participación): Elizabeth Dewey Cervantes, Alejandro Ibarra Polendo y Omar Herrera Gómez